Tras la viralización de un video registrado en las inmediaciones de un establecimiento educativo de Tunuyán, en el que un adulto amenaza y empuja a un menor de edad por un conflicto que, según trascendió, involucraría a estudiantes de la misma escuela, surge una pregunta entre muchas familias: ¿hasta dónde puede intervenir una institución educativa y qué establece la normativa vigente?
Para responder ese interrogante, Canal 8 dialogó con un profesional del Servicio de Orientación Escolar (SOE) de una escuela secundaria, quien explicó cómo deben actuar las instituciones frente a situaciones de conflicto entre estudiantes y cuáles son los límites que fija la legislación educativa.
«La escuela no puede expulsar a un estudiante por ser señalado como agresor»
El especialista comenzó aclarando un aspecto que suele generar confusión en la comunidad.
«Cuando ocurre una situación de violencia entre estudiantes, muchas veces aparece el pedido de que la escuela expulse al supuesto agresor o le prohíba asistir. Sin embargo, eso no es posible como respuesta, porque el derecho a la educación está garantizado para todos los adolescentes, tanto para quien resulta víctima como para quien ejerce una conducta violenta.»
Explicó que la normativa vigente de la Dirección General de Escuelas de Mendoza establece que la intervención debe tener un enfoque pedagógico, preventivo y restaurativo, priorizando el cuidado integral de todos los estudiantes y evitando respuestas meramente punitivas.
Antes de hablar de bullying, la escuela debe confirmar si realmente lo es
Otro de los puntos que destacó el profesional es que no todo conflicto entre alumnos constituye bullying.
«Lo primero que hace la escuela es analizar si existe una situación de acoso escolar o si se trata de un conflicto aislado. Para que sea considerado bullying deben darse determinadas características, como la repetición de las agresiones en el tiempo, un desequilibrio de poder entre los estudiantes y una intención sostenida de dañar.»
El protocolo provincial indica que también debe evaluarse si existen situaciones de violencia digital o ciberbullying y cuál es el impacto que los hechos tienen sobre el estudiante afectado.
¿Qué hace la escuela cuando se detecta un posible caso?
Según explicó el integrante del SOE, una vez detectada una posible situación de acoso escolar, la institución debe activar un procedimiento específico.
Entre las primeras medidas se encuentran:
- registrar formalmente el caso;
- intervenir el equipo de orientación escolar;
- entrevistar por separado al estudiante afectado, al señalado como agresor y a los posibles testigos;
- preservar la confidencialidad y evitar la exposición pública de los menores;
- convocar a las familias para trabajar conjuntamente.
«El objetivo no es encontrar culpables de manera inmediata, sino comprender qué está ocurriendo para proteger a todos los estudiantes involucrados y evitar que la situación continúe.»
Además, las entrevistas deben realizarse en un ámbito de privacidad, evitando revictimizar al estudiante afectado o exponer innecesariamente a cualquiera de los adolescentes.
Lo que la escuela no debe hacer
El protocolo aprobado por la Dirección General de Escuelas también establece prácticas que deben evitarse.
El profesional explicó que la institución no puede minimizar el relato de un estudiante diciendo que «son cosas de chicos», ni culpabilizar a quien denuncia la situación.
Tampoco corresponde realizar interrogatorios intimidatorios, enfrentar cara a cara a víctima y agresor para que «arreglen el problema» si los estudiantes no están de acuerdo con ello, ni difundir públicamente la identidad de los menores involucrados.
«Cada actuación debe respetar la confidencialidad y el interés superior del adolescente. La exposición pública puede profundizar el daño y dificultar la intervención educativa.»
¿Y si el conflicto ocurre fuera de la escuela?
Consultado sobre hechos ocurridos en la vía pública, como el caso que generó repercusión en Tunuyán, el especialista explicó que la situación requiere distinguir responsabilidades.
«Si el conflicto involucra a estudiantes del mismo establecimiento y tiene origen o continuidad en las relaciones escolares, la escuela debe intervenir desde lo pedagógico y preventivo. Pero si existen amenazas, agresiones físicas o la participación de personas adultas, pueden corresponder actuaciones de otros organismos del Estado, ya que exceden las competencias propias de la institución educativa.»
El rol de las familias
Finalmente, el profesional remarcó que la prevención del bullying no depende únicamente de la escuela.
«La normativa habla de corresponsabilidad. La familia, la escuela y la comunidad tienen que trabajar juntas. Ninguna institución puede resolver sola una problemática tan compleja.»
Agregó que el acompañamiento de madres, padres y adultos responsables resulta fundamental para detectar cambios de conducta, fortalecer el diálogo con los adolescentes y evitar que los conflictos escalen hacia situaciones de mayor gravedad.
Una intervención que tiene límites claros: la escuela no puede actuar por fuera de la normativa
En el cierre de la entrevista, el especialista fue enfático en un punto central que atraviesa todo el abordaje institucional: la escuela no tiene facultades discrecionales para actuar por fuera de lo que establece la normativa de la Dirección General de Escuelas.
«A veces se espera que la escuela resuelva todo de manera inmediata o con medidas ejemplificadoras, pero la institución no puede improvisar ni actuar por fuera del protocolo. Cada decisión está regulada y debe respetar procedimientos específicos.»
En ese sentido, subrayó que el rol escolar no es el de sancionar de manera arbitraria ni el de reemplazar a otros organismos del Estado, sino el de intervenir pedagógicamente dentro de un marco legal definido.
«La escuela debe ser rigurosa en la aplicación de los protocolos. No puede ir más allá de lo que le dicta la normativa vigente. Su función es proteger, acompañar, registrar e intervenir pedagógicamente, pero siempre dentro de los límites establecidos por la DGE.»
Mientras continúa la investigación de los hechos ocurridos en Tunuyán, especialistas recuerdan que el abordaje institucional debe respetar los derechos de todos los estudiantes, garantizando tanto la protección de quien sufre una situación de violencia como el derecho a la educación y al debido proceso de quien es señalado como responsable.
