El gobierno escolar tomó medidas ante la seguidilla de alertas que afectaron el normal dictado de clases. Buscan determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad y por qué algunos directores no actuaron según la normativa vigente.
La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza se encuentra en una etapa de revisión exhaustiva este jueves 16 de abril de 2026. Tras registrarse seis amenazas de diversa índole en distintos establecimientos educativos de la provincia, las autoridades educativas han puesto la lupa sobre el accionar de los cuerpos directivos para verificar si hubo fallas en la comunicación o en la ejecución de los protocolos de emergencia.
El contexto de las amenazas en las escuelas
Los incidentes, que ocurrieron en un corto lapso de tiempo, incluyeron desde alertas de bomba hasta mensajes intimidatorios en redes sociales y baños de los edificios. Estas situaciones generaron caos en la comunidad educativa, obligando en varios casos a la evacuación de alumnos y personal docente bajo condiciones de alta incertidumbre.
Los ejes de la investigación de la DGE
La cúpula del gobierno escolar ha sido clara respecto a las responsabilidades institucionales en este abril de 2026:
- Cumplimiento de protocolos Se evaluará si cada directivo activó el protocolo correspondiente ante una amenaza de este tipo.
- Omisiones administrativas La investigación busca detectar si hubo ocultamiento de información o demoras innecesarias en dar aviso a la policía y a la supervisión.
- Sanciones posibles De comprobarse negligencia u omisión, los directivos involucrados podrían enfrentar sumarios administrativos y medidas disciplinarias.
El impacto en la comunidad educativa mendocina
La recurrencia de estas amenazas ha generado un clima de preocupación entre padres y alumnos. Desde la DGE sostienen que, más allá de que muchas de estas alertas terminan siendo bromas de mal gusto o intentos de evitar evaluaciones, la respuesta institucional debe ser siempre rigurosa y uniforme para garantizar la seguridad de todos los presentes.
«Cada minuto cuenta en una emergencia y los directivos son los responsables de liderar la respuesta. No podemos permitir que los protocolos se ignoren o se apliquen a medias», señalaron fuentes del organismo educativo.
Medidas para prevenir nuevos incidentes
Además de investigar a los directivos, la provincia trabaja en conjunto con el Ministerio de Seguridad para identificar el origen de los llamados y mensajes. Se planea reforzar la capacitación en manejo de crisis para todos los niveles educativos, buscando que las escuelas de Mendoza sigan siendo espacios seguros frente a conductas disruptivas que atentan contra el derecho a la educación.
