Un conflicto político y social se desató este lunes en el Municipio de Quilmes y enfrenta a dos referentes del peronismo bonaerense: la intendenta Mayra Mendoza y el dirigente social Juan Grabois.
Militantes que responden a Grabois se movilizaron hasta el Honorable Concejo Deliberante para manifestarse contra una ordenanza impulsada por el Ejecutivo local que busca regular la actividad de los cuidacoches en el distrito. La protesta derivó en fuertes enfrentamientos con la Policía Bonaerense, que custodiaba el edificio donde también funciona la Municipalidad.
Según explicaron fuentes oficiales, la ordenanza fue promovida a partir de reiterados reclamos de vecinos y vecinas, con el objetivo de ordenar el estacionamiento en el marco de un plan integral de tránsito. Desde la Intendencia aclararon que la iniciativa contempla la regularización de los cuidacoches preexistentes, con condiciones laborales formales, como trabajo en blanco y cobertura de obra social.
Sin embargo, desde el municipio señalaron que no se otorgará de manera directa la concesión del servicio a una cooperativa, como reclama el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), espacio vinculado a Grabois. En su lugar, se convocará a una licitación pública para que quienes cumplan con los requisitos del pliego puedan presentarse.
En medio de los incidentes, Juan Grabois cuestionó duramente al gobierno local a través de sus redes sociales. Acusó a la intendencia de habilitar la represión policial contra militantes y trabajadores durante una protesta social y denunció una supuesta “privatización amañada” del estacionamiento medido. Además, vinculó el episodio con las internas del peronismo y criticó la falta de diálogo social en un contexto de crisis económica.
Grabois también denunció la detención de una trabajadora de prensa durante el operativo y exigió su inmediata liberación. “La posición en una estructura no da derecho a abusar del poder”, afirmó, y advirtió que los conflictos sociales se profundizan cuando la miseria avanza.
Desde el Municipio de Quilmes, en tanto, ratificaron la decisión de avanzar con la ordenanza y reiteraron que la licitación será abierta y transparente. “La medida responde a las reiteradas denuncias de los vecinos por los inconvenientes generados por los cuidacoches”, señalaron oficialmente.
Por su parte, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) sostuvo que el operativo policial se produjo mientras los cuidacoches reclamaban ser escuchados antes de la votación. Desde la organización denunciaron represión, exigieron la liberación de los detenidos y reclamaron el cese inmediato de la violencia.
