La Cámara de Diputados de Mendoza dio ayer un aval unánime a un proyecto del Poder Ejecutivo que incorpora al Código de Contravenciones un esquema de responsabilidad directa para padres y tutores de estudiantes que incurran en situaciones de acoso escolar. La iniciativa contempla multas económicas y días de trabajo comunitario como posibles sanciones.
Desde el Gobierno provincial subrayaron que, si bien las escuelas cumplen un rol fundamental al detectar, contener y acompañar a las víctimas, la primera responsabilidad recae en el ámbito familiar, donde deben promoverse normas de convivencia, supervisión y orientación. El objetivo central es avanzar hacia una política preventiva y restaurativa, que involucre activamente a las familias.
En los fundamentos, el proyecto define al bullying como una problemática social grave, capaz de provocar daños emocionales, psicológicos y físicos. Aunque la comunidad educativa es clave en la prevención, la propuesta sostiene que la obligación primaria de educar y guiar corresponde a los adultos responsables, en línea con el principio de “responsabilidad parental y tutelar”.
La norma incorpora los artículos 100 bis, 100 ter, 100 quater, 100 quinquies y 100 sexties al Código de Contravenciones, estableciendo un procedimiento progresivo para abordar cada caso. En una primera instancia, intervienen las instituciones educativas y los equipos interdisciplinarios. Si los adultos responsables desoyen las recomendaciones o no colaboran, la situación se eleva al Juzgado Contravencional.
Las sanciones previstas van desde hasta 30 días de tareas comunitarias hasta multas de 1500 a 3000 Unidades Fijas, según la gravedad del hecho. En casos de reincidencia, el juez podrá duplicar las penas y ordenar la participación obligatoria en talleres o terapias familiares.
Con la Unidad Fija actualmente valuada en $420, las multas van de $630.000 a $1.260.000. A partir del 1 de enero de 2026, cuando entre en vigencia la nueva ley impositiva, la UF subirá a $500, llevando los montos a un rango de $750.000 a $1,5 millones.
Tras la votación, la diputada Claudia Salas, miembro de la Comisión de Cultura y Educación, celebró el avance: “Se trata de un cambio de paradigma que busca un trabajo conjunto entre las familias y el Estado. Apunta a proteger a los menores y a sancionar a quienes no acompañan los procesos educativos y de contención de sus hijos”, expresó.
