Por decreto.
El Ejecutivo nacional resolvió suprimir la jornada no laborable prevista para el Día del Empleado Público. Con el argumento de corregir asimetrías entre quienes trabajan en el Estado y quienes lo hacen en el sector privado, la administración de Javier Milei considera que se trata de un “privilegio” que no debería mantenerse.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de dar a conocer la medida. El Estado no puede ser un lugar donde se otorguen beneficios excepcionales o jornadas libres sin respaldo real”, afirmó el funcionario.
Estas infracciones pueden ocasionar grandes sanciones, como la suspensión de la licencia o la retención del coche.
La fecha en cuestión —27 de junio— venía siendo, desde hace décadas, una jornada de descanso para el personal estatal. Sin embargo, este año no será así: la decisión se oficializó apenas 48 horas antes, lo que podría generar complicaciones para quienes ya habían organizado un fin de semana largo.
Adorni, además argumentó “esos días no trabajados se pagan con el esfuerzo de cada contribuyente”, remarcó, al tiempo que defendió el nuevo enfoque del oficialismo: “El rol del empleado estatal es brindar un servicio vital, que requiere compromiso diario. Ya no vivimos en un país donde el aparato público esté por encima del privado”, aseguró el también legislador porteño electo.
La jornada había sido establecida en 1978 tras la adopción del Convenio 151 y la Recomendación 159 por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A través de ese marco normativo, se reconocía el derecho de los empleados públicos a la negociación colectiva y se promovía su participación en la definición de sus condiciones laborales. Con esta decisión, el Gobierno reafirma su voluntad de imprimirle a la gestión estatal una lógica más cercana a la del mercado, con énfasis en la productividad, la eficiencia y la austeridad presupuestaria. La eliminación del asueto es un símbolo más de ese camino.