La actividad minera volvió a instalarse en el centro del debate en el Valle de Uco luego de que se conocieran dos pedidos de exploración que abarcan unas 17.760 hectáreas entre los departamentos de San Carlos y San Rafael, incluyendo terrenos pertenecientes al empresario Martín Varsavsky.
El caso generó inquietud en distintos sectores de la región y llegó a la Legislatura de Mendoza, donde los diputados Jorge Difonso y Rolando Scanio solicitaron información al Gobierno provincial para conocer con mayor precisión las características de los proyectos y el alcance de los permisos solicitados.
Los pedidos corresponden a los cateos denominados “Sofía I” y “Mía I”. Según la documentación difundida, el primero comprende aproximadamente 8.026 hectáreas, mientras que el segundo alcanza unas 9.733 hectáreas.
El objetivo de un cateo es realizar tareas de exploración para determinar si en una determinada zona existen recursos minerales y conocer sus características. Por lo tanto, la existencia de estos permisos no significa que actualmente haya una explotación minera funcionando en el lugar ni que una explotación vaya a comenzar automáticamente.
¿Qué se busca explorar?
Uno de los principales interrogantes planteados por los legisladores está relacionado con el tipo de minerales que se pretende buscar, las tareas previstas y el impacto que eventualmente podrían tener sobre el territorio.
También se busca determinar con precisión dónde están ubicadas las áreas solicitadas y cuál es su relación con las cuencas hídricas y las fuentes de agua que abastecen a San Carlos y al resto del Valle de Uco.
La preocupación adquiere especial relevancia por la ubicación de los terrenos. Las áreas involucradas se encuentran en una zona cordillerana y relativamente cercana a la Laguna del Diamante, uno de los principales ambientes naturales de la región.
De acuerdo con la información difundida sobre los expedientes, las superficies solicitadas se encuentran fuera de las áreas consideradas de reserva, aunque su cercanía con sectores ambientalmente sensibles es uno de los aspectos que despertó interrogantes.
Las tierras de Varsavsky
El empresario Martín Varsavsky es uno de los titulares superficiarios de parte de los terrenos alcanzados por los pedidos de cateo.
Se trata de la zona vinculada con Wamani, el proyecto que el empresario desarrolla en San Carlos y que adquirió notoriedad por su propuesta turística y por la particular historia que Varsavsky contó públicamente sobre estas tierras.
Sin embargo, existe una diferencia jurídica fundamental: ser propietario de la superficie de un terreno no implica ser propietario de los recursos minerales ubicados en el subsuelo. En Argentina, los recursos minerales pertenecen al Estado y pueden ser objeto de derechos mineros otorgados conforme a la legislación vigente.
Por ese motivo, que los cateos alcancen terrenos de Varsavsky no significa necesariamente que el empresario haya solicitado los permisos ni que sea quien pretende realizar la exploración.
De hecho, los solicitantes identificados en los expedientes son Gustavo y Marcelo Sued, junto con Mario Daniel Marino. Los hermanos Sued también aparecen vinculados a la empresa Sued Mining S.A.S., constituida este año.
Un tema que vuelve a poner al agua en el centro
La aparición de estos pedidos vuelve a poner sobre la mesa una discusión especialmente sensible para San Carlos y el Valle de Uco: la relación entre la actividad minera y la protección del recurso hídrico.
San Carlos cuenta con una extensa historia de rechazo a determinados proyectos mineros, particularmente aquellos relacionados con la minería metalífera.
En Mendoza, además, la actividad está atravesada por la Ley 7.722, que establece restricciones al uso de determinadas sustancias químicas en la minería metalífera y fija requisitos ambientales específicos para los proyectos. Para este tipo de iniciativas, la normativa contempla la presentación de estudios ambientales y otros controles antes de avanzar hacia etapas de mayor desarrollo.
Por eso, el pedido de cateo constituye solamente una instancia inicial dentro de un eventual proceso minero y no equivale por sí mismo a una autorización para explotar minerales.
¿Qué deberá aclarar el Gobierno?
El pedido realizado en la Legislatura busca obtener información oficial sobre distintos aspectos de los expedientes.
Entre los principales interrogantes aparecen la ubicación exacta de las áreas, los minerales que se pretende explorar, las tareas que podrían realizarse y las condiciones bajo las cuales eventualmente podrían desarrollarse.
También existe interés en conocer qué relación tienen las áreas solicitadas con las cuencas hídricas de la región y qué organismos provinciales deberán intervenir en caso de que los proyectos avancen.
El Gobierno provincial deberá determinar además cuáles son los pasos administrativos correspondientes y qué requisitos ambientales deberán cumplir los solicitantes.
Los expedientes, según la información difundida, fueron iniciados anteriormente y recién durante agosto de este año se produjo su publicación mediante edictos, lo que permitió que la superposición con terrenos de particulares tomara conocimiento público.
El debate recién comienza
La noticia vuelve a colocar a la minería en la agenda del Valle de Uco, una región donde el cuidado del agua constituye uno de los principales ejes de discusión ambiental.
Por ahora, no existe una explotación minera en marcha en las tierras involucradas. Lo que se encuentra bajo análisis son pedidos de exploración que deberán atravesar las distintas instancias administrativas correspondientes.
Mientras desde la Legislatura buscan precisiones sobre el alcance de los cateos, crece la atención sobre qué minerales se pretende encontrar, qué trabajos podrían realizarse y cuáles serían las condiciones ambientales exigidas si el proceso continúa.
La discusión, de esta manera, recién comienza y tendrá como protagonistas al Gobierno provincial, los solicitantes de los permisos, los propietarios de los terrenos y, especialmente, a una comunidad del Valle de Uco históricamente atenta a cualquier actividad que pueda involucrar sus recursos hídricos.
