La gestión del intendente Alejandro Morillas atraviesa un momento delicado, donde un hecho concreto convive con una creciente circulación de versiones que todavía no logran ser comprobadas. En ese escenario, el desafío pasa por diferenciar lo que está documentado de lo que, por ahora, forma parte del terreno de las sospechas.
El dato más firme surge del fallo del Tribunal de Cuentas de Mendoza, que sancionó al intendente por irregularidades en la contratación directa de artistas para la Estudiantina 2024, aplicando multas económicas también a otros funcionarios. Si bien la rendición de cuentas fue aprobada en términos generales, el organismo dejó asentadas observaciones vinculadas a deficiencias administrativas (como registros contables y liquidaciones salariales), lo que expone fallas en los controles internos.
A partir de ese antecedente, comenzaron a tomar fuerza distintas versiones en el Valle de Uco que amplían el foco sobre la gestión. Entre ellas, se mencionan posibles contrataciones bajo análisis y cuestionamientos sobre el volumen de personal municipal (temas que, hasta el momento, no cuentan con documentación pública que los respalde).
Uno de los puntos que más circuló en el ámbito local es la presunta relación entre el municipio y una empresa proveedora de la hija de un funcionario (GRAPO), lo que podría implicar un conflicto de intereses. Sin embargo, no existen registros oficiales ni publicaciones verificadas que permitan sostener esa hipótesis, por lo que el tema se mantiene en un plano de incertidumbre.
Frente a este contexto, el propio Morillas defendió su gestión y aseguró que las contrataciones se realizan bajo mecanismos formales y controles institucionales (según afirmó él mismo en medios radiales del Valle de Uco). Mientras tanto, el escenario sigue marcado por una tensión clara: un fallo que confirma irregularidades administrativas y una serie de versiones que crecen, pero que todavía esperan pruebas.
