El gobierno escolar endureció las sanciones administrativas tras finalizar los sumarios correspondientes. Las bajas incluyen trabajadores de distintos departamentos que incurrieron en faltas graves, entre ellas una condena por violencia de género.
La Dirección General de Escuelas (DGE) continúa con el proceso de ordenamiento administrativo en las instituciones públicas de la provincia. Este jueves 23 de abril de 2026, se publicaron en el Boletín Oficial los decretos que confirman la cesantía y exoneración de personal de servicio (celadores) que presentaban irregularidades críticas en su legajo y desempeño laboral.
Las principales causales de los despidos
A diferencia de otras tandas de bajas, en esta oportunidad los motivos son variados y responden a procesos que llevaban meses en investigación bajo la órbita de la Junta de Disciplina:
- Inasistencias injustificadas El motivo más recurrente es el abandono de cargo. Se detectaron agentes que superaron el límite de faltas permitidas sin presentar certificados médicos ni avisos formales.
- Incumplimiento de tareas Casos donde el personal se presentaba en el establecimiento pero no cumplía con las funciones de higiene y mantenimiento asignadas.
- Casos de violencia de género Una de las bajas más resonantes se dio tras confirmarse la condena judicial de un agente por hechos de violencia de género, lo que motivó la exoneración inmediata por incompatibilidad con el cargo público en una escuela.
Impacto en las escuelas mendocinas
La medida busca regularizar la situación en establecimientos de departamentos como Guaymallén, Las Heras y San Rafael, donde las vacantes generadas por estas bajas deberán ser cubiertas a través de los listados de suplencias vigentes.
- Sustitución de personal La DGE aseguró que las escuelas afectadas ya están en proceso de designación de nuevos celadores para no afectar la limpieza ni el servicio de comedor.
- Control de ausentismo Se ha reforzado el sistema de auditoría digital para detectar faltas en tiempo real y evitar que el estado pague salarios a agentes que no prestan servicio.
El respaldo legal de las medidas
Desde el gobierno escolar destacaron que cada despido cuenta con el respaldo del Estatuto del Celador y ha pasado por todas las instancias de defensa del trabajador. «No se trata de un ajuste, sino de la aplicación de la ley para quienes no cumplen con su responsabilidad frente a los alumnos», señalaron fuentes del Ministerio de Educación.
Este abril de 2026, la política de «tolerancia cero» a las irregularidades administrativas parece consolidarse como el eje de la gestión, buscando optimizar los recursos destinados al personal no docente de la provincia.
