Con el foco puesto en los vetos de Milei.
En una nueva «mega sesión» de la Cámara de Diputados, la oposición busca dar marcha atrás con dos vetos presidenciales clave, el del aumento a los jubilados y el de la emergencia en discapacidad. Además, intentará avanzar con dos proyectos prioritarios para los gobernadores.El objetivo principal de la oposición es lograr quórum para poder debatir dos temas fuertes, los principales de esta jornada junto con los vetos del presidente. Se trata de los proyectos impulsados por los gobernadores para reformar la distribución de la partida de ATN y del impuesto a los combustibles.
Las propuestas impositivas se aprobaron el pasado 10 de Julio en el Senado, pero resta su tratado en Diputados. Los proyectos tienen asegurada la votación, pero no los dos tercios ante un eventual veto ya que, como parte de su estrategia para frenar la ofensiva, el Gobierno presentó una propuesta alternativa que rompió con el grupo de mandatarios.
A esto se suma que Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, pidieron que en la sesión especial se trate los vetos jubilatorios y a la emergencia en discapacidad, una reforma al Régimen Penal Tributario y un dictamen para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA.
Por su parte el oficialismo planea defender su postura argumentando el impacto fiscal que tendrán estas iniciativas y el riesgo de que alteren el equilibrio.
Los proyectos para coparticipar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que establece un nuevo esquema de reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles fueron rechazados fuertemente por el Gobierno. Sin embargo la oposición insiste en lograr su aprobación.
Las iniciativas implican transferencias automáticas de libre disponibilidad y con impacto directo en las cuentas provinciales.
Si la oposición consigue avanzar, los ATN pasarían a distribuirse casi íntegramente de manera automática, con una ganancia neta frente al reparto discrecional actual. En tanto por el impuesto a los combustibles, las provincias pasarían de recibir el 25,5% al 57% de la recaudación.
En cuanto a las jubilaciones, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que si la oposición consigue insistir en la ley vetada por el presidente que dispone, por un lado, un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones y, por el otro, una actualización del bono que cobran los jubilados de la mínima a $110.000 mensuales, el costo fiscal total será de 0,32 punto del PBI en lo que queda del año.
Por su parte la ley que propone declarar emergencia por discapacidad hasta 2026, fue vetada por el presidente quien argumentó su elevado impacto fiscal. Según el informe compartido en La Nación que tomó de la OPC; el costo total de las medidas se estima en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI).
Este número es variable porque la norma habilita nuevas altas de la pensión por discapacidad, lo que también terminar por elevar el costo de la medida. Además, la norma establece una compensación de emergencia a prestadores del servicio, que demandaría un gasto por única vez de $278.323 millones (0,03% del PBI). También advierte que se dispone además una actualización mensual de los aranceles, cuyo impacto fiscal será difícil de estimar.
Finalmente también se buscará incluir la ley que procura fondos de emergencia para Bahía Blanca, afectada por el fuerte temporal de marzo, la cual habilita fondos especiales dirigidos a la reconstrucción de la ciudad y subsidios para los afectados por un total de $200.000 millones.
En junio el presidente vetó este proyecto tras sostener que no contemplaba fuentes de financiamiento para costear el fondo de emergencia. En su última sesión el Senado rechazó el veto e insistió en la ley, por lo que si la Cámara de Diputados sigue este mismo camino.
