A tres meses del escándalo, aún no hay imputados por las fotos explícitas exhibidas en el Martín Zapata
El abogado del vicedirector investigado aseguró que no recibieron notificaciones sobre una imputación penal, mientras la UNCuyo mantiene bajo secreto de sumario la investigación administrativa. La defensa sostiene que el episodio podría estar relacionado con un hackeo informático.
El escándalo ocurrido en el colegio Martín Zapata de Mendoza, donde se exhibieron fotografías de mujeres semidesnudas durante una clase de preuniversitario, continúa sin resoluciones conocidas en el ámbito judicial. El episodio involucró al vicedirector de la institución, quien utilizaba una computadora conectada al proyector cuando los estudiantes vieron las imágenes, entre ellas las de una exdocente del establecimiento. Tras las denuncias, el profesor fue apartado de sus funciones.
A tres meses de lo sucedido, el abogado defensor, Ariel Benavídez, afirmó públicamente a los medios que no recibieron ninguna notificación sobre una eventual imputación penal contra su representado. En paralelo, la investigación administrativa que lleva adelante la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) continúa bajo secreto de sumario. La defensa sostiene que el hecho podría haber sido consecuencia de un acceso no autorizado a la computadora del docente y busca incorporar testimonios de otros profesores que atravesaron situaciones similares.
Como antecedentes, el letrado mencionó episodios de presuntos hackeos en otras instituciones educativas. Entre ellos, un caso en el Colegio Universitario Central, donde estudiantes habrían intervenido el micrófono de un profesor, y otro ocurrido en la escuela técnica 4-120 de San Martín, donde alumnos accedieron al Drive de una docente, extrajeron fotografías íntimas y las difundieron a través de WhatsApp, lo que derivó en una denuncia penal. También habría existido un episodio similar dentro del propio Martín Zapata, esta vez con una profesora de Geografía.
En cuanto a la situación actual del vicedirector, continúa apartado de su cargo, pero percibe sus haberes mientras avanzan las actuaciones. Benavídez cuestionó el enfoque de la investigación y sostuvo que corresponde al Ministerio Público demostrar que no existió un hackeo. Además, advirtió sobre las consecuencias que podría tener el caso para su defendido si finalmente es sobreseído, debido al estigma social que puede permanecer incluso después de una resolución judicial favorable.
