Un estudio genético privado complicó la situación del acusado de 39 años, quien fue trasladado a la cárcel de Boulogne Sur Mer. La víctima, que hoy tiene 13 años, dio a luz en 2025 y permanece bajo tutela estatal junto a su bebé en Guaymallén.
La investigación penal por el aberrante abuso sexual y posterior embarazo de una niña de 11 años sumó un capítulo judicial decisivo en el Valle de Uco. En las últimas horas, el juez Fernando Ugarte dictó la prisión preventiva para el único sospechoso de la causa, un hombre de 39 años, nacido en Salta pero radicado en la localidad sancarlina de Eugenio Bustos. El imputado continuará tras las rejas en el penal de Boulogne Sur Mer mientras avanza el expediente liderado por la Unidad Fiscal del Valle de Uco.
La medida coercitiva dictada por el magistrado no contó con la oposición de la defensora oficial, Griselda Saa Zarandón, debido al contundente peso de las pruebas reunidas por la fiscal instructora Eugenia Gómez. Entre los elementos más incriminatorios se destaca un cotejo de ADN de carácter privado realizado por el entorno de la víctima con la bebé nacida del ultraje, el cual arrojó un resultado positivo respecto de la paternidad del acusado. De igual manera, las autoridades ministeriales ya ordenaron una contraprueba oficial a cargo del Laboratorio de Huellas Genéticas Forenses para dejar firme el peritaje en el legajo judicial.
La trama detrás del viaje golondrina
La reconstrucción de los hechos indica que el dramático episodio se habría desencadenado en agosto de 2024. En aquella fecha, la víctima, junto a su madre y hermanos, se encontraba residiendo temporalmente en «Risoh», un hotel transitorio de San Miguel de Tucumán, ciudad a la que habían viajado junto a un grupo de personas de San Carlos para desempeñarse en las temporadas de cosechas norteñas.
Según el relato que la menor brindó posteriormente ante profesionales de su escuela y funcionarios del Estado, el acusado —quien compartía el mismo hospedaje de los trabajadores golondrina— habría ingresado por la noche a la habitación donde dormía la niña con sus hermanos, trasladándola por la fuerza hacia otro cuarto donde consumó la violación. Al regresar a Eugenio Bustos tras finalizar la campaña laboral, la familia notó a principios de 2025 que la niña cursaba un embarazo avanzado de seis meses y medio, dando a luz finalmente el 6 de mayo de ese año.
Actualmente, la causa penal se encuentra caratulada como abuso sexual con acceso carnal, delito que prevé penas de entre 6 y 15 años de prisión. Mientras se espera la concreción de una medida clave como la declaración de la víctima en Cámara Gesell —programada para mediados de junio— junto a sus respectivas pericias psicológicas, el Estado provincial activó medidas tutelares de resguardo. La adolescente de 13 años y su pequeña hija de un año recién cumplido se encuentran alojadas en un hogar oficial en el departamento de Guaymallén, bajo estricta asistencia y protección integral.
