El sistema penitenciario de Mendoza alcanzó niveles de saturación inéditos durante 2025, con un total de 7.212 personas privadas de la libertad (más de un 12% de aumento interanual). Este crecimiento profundizó una tendencia sostenida en la última década (en la que la población casi se duplicó) y ubicó a la provincia muy por encima del promedio nacional en tasa de detención (con más de 345 presos cada 100.000 habitantes).
La infraestructura estatal no logró acompañar ese avance: la capacidad apenas supera las 5.400 plazas (lo que generó un excedente cercano a 1.800 internos). Esta brecha derivó en un nivel de sobreocupación superior al 33% (con consecuencias directas en las condiciones de detención), agravando el hacinamiento en cárceles y alcaidías.
A este cuadro se suma un dato clave: más del 56% de los detenidos son reincidentes (lo que evidencia fallas en la reinserción social). Además, creció la cantidad de personas que regresan al sistema sin condena firme (lo que expone demoras judiciales), mientras que los especialistas advierten sobre ciclos de detención breves (casi el 67% estuvo menos de un año preso en ingresos anteriores), sin impacto real en la conducta delictiva.
En cuanto a los delitos, el robo continúa siendo la principal causa de encarcelamiento (seguido por delitos contra la integridad sexual y amenazas), lo que refleja patrones delictivos persistentes en la provincia.
El perfil de la población carcelaria termina de delinear la problemática: predominan jóvenes de entre 21 y 35 años (con altos niveles de vulnerabilidad social) y casi la mitad no completó la educación primaria (lo que vincula directamente exclusión y delito). El escenario actual (marcado por sobrepoblación, reincidencia y falta de recursos) plantea un desafío urgente para las políticas de seguridad y justicia en Mendoza.
