El Gobierno de Mendoza resolvió avanzar con la investigación interna contra diez policías de distintas jerarquías, luego de rechazar un recurso presentado por los propios efectivos. La medida confirma la validez del sumario impulsado por la Inspección General de Seguridad (incluye a comisarios y sargentos) y sostiene que no hubo irregularidades en el proceso.
El planteo de la defensa buscaba invalidar parte del procedimiento al considerar que se había limitado el derecho a declarar en instancias clave. Sin embargo, el Ejecutivo determinó que se respetaron todas las garantías constitucionales (incluido el derecho de defensa) y desestimó cualquier posible nulidad.
La intervención de Asesoría de Gobierno fue clave para respaldar la decisión oficial. El organismo concluyó que el sumario cumple con los requisitos legales y garantiza el control sobre la actuación estatal (en resguardo del interés público), además de asegurar instancias suficientes para que los acusados presenten pruebas.
Con la firma del gobernador, el decreto ratifica lo actuado previamente por la Inspección General de Seguridad y deja firme la resolución original. Esto implica que la investigación continuará su curso para determinar responsabilidades y posibles sanciones dentro de la fuerza policial.
Finalmente, los efectivos fueron notificados de que la vía administrativa quedó agotada. A partir de ahora, solo podrán recurrir a la Justicia mediante una acción procesal administrativa (con un plazo de treinta días) si deciden continuar con el reclamo.
