El Senado provincial convirtió en ley este martes el proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo. La iniciativa introduce cambios significativos a la legislación laboral para los trabajadores estatales y ha tenido una fuerte resistencia gremial.
El oficialismo no logró quebrar la resistencia de la oposición, que terminó votando por el rechazo en su conjunto en dos oportunidades, por lo cual el resultado se repitió en 19-19 y por reglamento debió definir Casado en la segunda votación.
El PJ, La Unión Mendocina y el Partido Verde ya habían votado en contra en Diputados y durante el tratamiento en comisiones ratificaron su postura, por lo cual llegaron al debate con 17 votos en contra confirmados.
Era un misterio lo que podía suceder con Armando Magistretti (PD) y el peronista disidente Duilio Pezzutti, quien se ha diferenciado de sus excompañeros de bloque en otras votaciones, acompañando iniciativas del oficialismo. Finalmente cada uno de los opositores se inclinó por el rechazo.
El proyecto de ley enviado por Cornejo y aprobado hoy en la la Legislatura establece una reforma parcial del Estatuto del Empleado Público, vigente desde 1973, y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Entre las modificaciones más significativas de la iniciativa se destaca la creación del personal de planta interina, es decir, empleados públicos que no tendrán estabilidad propia y que podrían ser despedidos sin necesidad de iniciar un sumario para cesantearlos.
Por otro lado, también se cambia el cálculo para las indemnizaciones de los estatales y se establecen nuevas condiciones a la hora de reincorporar a empleados despedidos, como por ejemplo la eliminación del pago de salarios caídos para estos casos. Asimismo, la propuesta pone fin a los cargos hereditarios para familiares de los empleados públicos.
Se trata de una iniciativa que ha encontrado una fuerte resistencia de parte de los gremios estatales, quienes sostienen que es una reforma laboral que apunta a la flexibilización del empleo público. A su vez, sostienen que muchas de las modificaciones propuestas son inconstitucionales.
