Qué cambios propone la reforma de la Ley de Salud Mental aprobada por el Senado
El Senado de la Nación dio media sanción a una reforma de la Ley de Salud Mental y giró la iniciativa a la Cámara de Diputados, donde continuará el debate legislativo.
La votación en general se realizó durante la sesión que comenzó el jueves y se extendió hasta la madrugada de este viernes 30 de octubre: obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos, sin abstenciones.
Entre los principales cambios propuestos se encuentra la intervención de profesionales en las decisiones vinculadas con internaciones y altas. El texto establece un rol prioritario para los médicos psiquiatras, pero también contempla la participación de psicólogos dentro de los equipos interdisciplinarios.
Cambios en las internaciones y la atención
La iniciativa modifica los criterios para disponer internaciones involuntarias. Para estos casos, plantea la intervención de un médico —preferentemente especialista en psiquiatría— y otro profesional, además de establecer como requisito la existencia de un riesgo grave para la vida o la integridad de la persona o de terceros.
Otro de los aspectos incluidos es la ampliación del abordaje de las adicciones, con la incorporación de problemáticas como la ludopatía. También se establecen pautas para la participación de familiares en las decisiones relacionadas con los tratamientos y se prevé que el Estado garantice acompañamiento cuando no haya referentes responsables disponibles.
La propuesta incorpora disposiciones específicas para niños y adolescentes, como el respeto por su autonomía progresiva, el derecho a ser escuchados y la protección de su confidencialidad. Además, limita la internación de menores en unidades destinadas a adultos a situaciones excepcionales, cuando no existan otros dispositivos disponibles y por el menor tiempo posible.
Más dispositivos de atención y directivas anticipadas
El proyecto contempla fortalecer alternativas a la hospitalización, entre ellas la atención ambulatoria y domiciliaria, los hospitales de día, las casas de convivencia y los centros de capacitación sociolaboral.
También incorpora la posibilidad de establecer directivas anticipadas para aceptar o rechazar tratamientos y designar personas que puedan expresar el consentimiento en caso de que el paciente no esté en condiciones de hacerlo. Se prevén excepciones cuando exista un riesgo grave para la vida.
Durante el debate, desde el oficialismo sostuvieron que la normativa vigente, aprobada en 2010, necesita una actualización. Por su parte, legisladores de distintos bloques plantearon cuestionamientos sobre los recursos disponibles para garantizar su implementación.
