Investigan el pago estatal de una maestría de Jimena Latorre por $13,6 millones
La Oficina de Ética Pública inició una investigación para determinar si hubo irregularidades en el reintegro de fondos públicos a la ministra de Energía y Ambiente por una formación universitaria en España. La denuncia también fue presentada ante Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, mientras que la Legislatura deberá resolver un pedido de citación a la funcionaria.
La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, quedó bajo investigación administrativa por el reintegro de más de $13,6 millones destinado a pagar una maestría en Economía Medioambiental en la Universidad Francisco Marroquín, de España. La denuncia ingresó en la Oficina de Ética Pública, donde fue derivada a la Dirección de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sebastián Giordano. El procedimiento se desarrollará bajo secreto de sumario para determinar si existieron incumplimientos de la Ley provincial 8.993 de Responsabilidad en el Ejercicio de la Función Pública.
La presentación cuestiona, entre otros aspectos, que la autorización del pago haya sido otorgada por integrantes del comité ejecutivo del fideicomiso que se encuentran bajo la subordinación jerárquica de la propia ministra. También solicita examinar la utilización de recursos provenientes de aportes obligatorios de empresas petroleras reguladas y fiscalizadas por el Ministerio de Energía y Ambiente. En declaraciones a Diario UNO, Latorre reconoció el reintegro y sostuvo que el fideicomiso contempla fondos para la capacitación del personal, tanto político como de planta, financiados mediante contribuciones de empresas adjudicatarias de licitaciones hidrocarburíferas.
En paralelo, la Fiscalía de Estado recibió un pedido para revisar la legalidad de la operación y resguardar el patrimonio provincial, mientras que el Tribunal de Cuentas deberá evaluar la posibilidad de abrir una auditoría especial sobre el fideicomiso administrado por Mendoza Fiduciaria S.A. La denuncia solicita examinar comprobantes, rendiciones y movimientos vinculados con tarjetas corporativas. Además, señala posibles inconsistencias en las fechas de las firmas digitales que autorizaron el reintegro, así como el registro de la ministra como proveedora en los sistemas oficiales de liquidación contable. Estos señalamientos deberán ser evaluados por los organismos competentes.
Por otra parte, el bloque legislativo Fuerza Patria solicitó que Latorre comparezca ante la Cámara de Diputados para explicar el marco normativo del fideicomiso, las conversiones de divisas utilizadas y las garantías previstas para que la formación financiada genere beneficios para el Estado. La Legislatura deberá tratar la citación en sesión. Mientras tanto, la investigación de Ética Pública permanecerá bajo secreto de sumario, conforme al artículo 31 de la Ley 8.993, que establece la reserva de estas actuaciones hasta su clausura, con un plazo máximo de un mes.
