El caso de la niña baleada en Godoy Cruz provocó un fuerte impacto en el Gobierno provincial y derivó en una reunión de urgencia en el área de Seguridad. En el centro de la escena aparece un nombre: “Piter”, señalado como el principal sospechoso de haber ordenado el ataque.
Se trata de un interno alojado en el penal de Almafuerte, identificado como un referente dentro de una estructura vinculada al narcotráfico. Según la principal hipótesis, el ataque habría sido una represalia en el marco de una disputa entre grupos delictivos.
La gravedad del caso radica en un punto clave: la posibilidad de que la orden haya salido desde el interior de la cárcel. Esto encendió alarmas en las autoridades, que analizan medidas para limitar el accionar de organizaciones criminales que operan desde el encierro.
El hecho que desató la crisis fue el tiroteo contra la vivienda de una familia en el barrio Los Cerrillos. Allí, dos atacantes dispararon al menos nueve veces, hiriendo gravemente a la niña.
A partir de este episodio, la ministra de Seguridad encabezó un encuentro con jefes policiales, investigadores y autoridades penitenciarias para definir estrategias. El objetivo es desarticular la red y evitar nuevos ataques.
La investigación también reveló un entramado más amplio, con conexiones externas y movimientos económicos vinculados al comercio de drogas. Esto refuerza la idea de una organización con capacidad operativa más allá del ámbito carcelario.
El caso expone una problemática compleja: el poder que algunos detenidos mantienen dentro del sistema penitenciario y su influencia en hechos delictivos fuera de él.
Mientras tanto, la causa avanza y la figura de “Piter” se consolida como uno de los principales focos de atención para la Justicia y las autoridades.
