La responsable del establecimiento quedó bajo prisión preventiva domiciliaria, acusada de abandono de persona seguido de muerte. La investigación apunta a una demora de varias horas para asistir al hombre y avisar a sus familiares tras un corte de luz programado.
Raúl Alberto Pereyra, de 79 años, permanecía alojado desde hacía dos años en una vivienda de calle Benavente al 600, en Las Heras, donde funcionaba un geriátrico sin habilitación municipal. El hombre padecía EPOC en estado terminal y necesitaba un concentrador de oxígeno de manera permanente, pero el dispositivo dejó de funcionar cerca de las 9.30 del 2 de julio debido a un corte de luz que había sido anunciado previamente.
Según la investigación, Pereyra habría permanecido más de seis horas sin recibir oxígeno. Recién alrededor de las 15, desde el establecimiento se comunicaron con sus hijos para que fueran a buscarlo. Uno de ellos llegó minutos después y, al advertir el delicado estado de salud de su padre, decidió trasladarlo directamente al Hospital Carrillo, aunque el hombre llegó al nosocomio sin vida.
Tras el fallecimiento, la Justicia puso el foco en el funcionamiento del lugar, donde había otros nueve adultos mayores alojados. La responsable, Ramona Beatriz Rodríguez, de 58 años, fue imputada por abandono de persona seguido de muerte y quedó detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en la vivienda de una de sus hijas, en Godoy Cruz.
Uno de los elementos considerados por la fiscalía fue que el corte de energía había sido informado con anticipación y que, pese a la necesidad de oxígeno del hombre, Rodríguez habría demorado horas en buscar una alternativa y comunicar la situación a la familia. Además, un médico que habitualmente era convocado ante problemas de salud en el establecimiento declaró que ese día no recibió ningún llamado para asistir a Pereyra. La jueza María Cristina Pietrasanta consideró las pruebas reunidas y la posible pena, de entre 5 y 15 años de prisión, para mantener la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria.
