De qué se trata.
Desde el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, se habilitó el ciberpatrullaje para que las fuerzas federales puedan realizar tareas «en sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas».
Esta medida que fue publicada durante el día de ayer, en la resolución 428/2024 del Boletín Oficial señala que «las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales deberán adecuar su conducta a las siguientes pautas, principios, criterios, recomendaciones y directivas para las labores preventivas de los delitos que se desarrollan en ambientes cibernéticos».
Por otro lado, indicó, «dichas tareas preventivas se llevarán a cabo únicamente mediante el uso de sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas entendiéndose estas como los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implica una transgresión al derecho a la intimidad de las personas, conforme lo normado en la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y sus normas reglamentarias».
Qué son los ciberdelitos y qué buscarán rastrear
Según lo que establece la resolución, los delitos a rastrear son los relacionados con venta de drogas, amenazas, venta de armas, ciberdelitos de todo tipo, venta de objetos robados, falsificación y comercialización de instrumentos públicos, maltrato animal, violencia de género, extorsión, acoso sexual, distribución de pornografía infantil, trata y tráfico de personas, lavado de dinero, terrorismo y venta de medicamentos sin receta.
Por otro lado, también se utilizará para la búsqueda de fugitivos de la Justicia y de personas desaparecidas.
De todas formas, se fijaron límites, ya que entre las publicaciones a revisar, «se excluirán de la lista para su presunta judicialización aquellas conductas susceptibles de ser consideradas regulares, usuales o inherentes al uso de Internet y que no evidencien la intención de transgredir alguna norma».
«Las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales no podrán acumular información recabada con motivo de las investigaciones previas realizadas y, una vez concluida la actividad preventiva o decidida la no judicialización, deberá destruirse el material y datos obtenidos», aclararon en la norma.
