En una profunda reflexión sobre el estado actual del Poder Judicial, el juez Andrés Basso identificó el factor tiempo como el mayor obstáculo para una justicia efectiva en Argentina. Durante una entrevista concedida en el marco de la reciente renovación de autoridades en el sector, el magistrado —quien integró el tribunal que condenó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad— analizó los desafíos estructurales que enfrenta el sistema.
El «cuello de botella» judicial Para Basso, la eficacia de una sentencia no solo radica en su rigurosidad jurídica, sino en su oportunidad. «Una justicia que llega diez o quince años después de los hechos no es justicia», sentenció. Entre las causas que explican este aletargamiento, el juez destacó:
- Vacantes críticas: La falta de designación de jueces permanentes obliga a las subrogancias, lo que sobrecarga los despachos y ralentiza la toma de decisiones.
- Recursos tecnológicos: Aunque se ha avanzado en la digitalización, aún falta una integración federal plena que agilice el intercambio de pruebas y notificaciones.
- Sistema Acusatorio: Basso defendió la necesidad de implementar plenamente el sistema acusatorio en todo el país para separar las funciones de investigar y juzgar, lo que dinamizaría las audiencias.
Independencia y presiones políticas El magistrado también se refirió a la relación con los otros poderes del Estado en el contexto político de 2026. Subrayó que la Asociación de Magistrados debe funcionar como un escudo ante los intentos de «disciplinamiento» externo. «La independencia no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos para ser juzgados por alguien que no deba favores», afirmó.
Autocrítica y modernización Lejos de una postura corporativista, Basso reconoció que el Poder Judicial debe realizar una autocrítica sobre su lenguaje y cercanía con la gente. Propuso simplificar las resoluciones para que sean comprensibles para el común de la sociedad y agilizar los procesos de transparencia interna.
La meta planteada por el juez para el resto del año es clara: reducir los plazos procesales en causas de corrupción y narcotráfico, áreas donde la sociedad demanda resultados concretos y donde la lentitud suele ser sinónimo de impunidad.
