La Legislatura de Mendoza analiza una reforma clave en materia de seguridad que podría cambiar los criterios que definen cuándo un policía está habilitado a sacar o usar su arma de fuego. El proyecto propone modificar la Ley 6722 de Seguridad Pública con el objetivo de precisar el concepto de “peligro inminente”, uno de los requisitos fundamentales para el uso de fuerza letal.
La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. Posteriormente fue tratada en el Senado provincial, donde se incorporaron algunas modificaciones al texto. Debido a esos cambios, el expediente volvió a Diputados para su revisión final antes de quedar en condiciones de convertirse en ley.
Actualmente, la normativa vigente establece que la policía puede utilizar la fuerza —y en situaciones extremas, armas de fuego— bajo principios generales como la legítima defensa, la protección de terceros o la existencia de un riesgo grave para la vida o la integridad física. Sin embargo, la ley no define con precisión qué situaciones constituyen un “peligro inminente”, lo que suele dejar margen a interpretaciones posteriores tanto administrativas como judiciales.
El punto central: qué se considera “peligro inminente”
El eje de la propuesta legislativa apunta justamente a establecer parámetros más claros para determinar cuándo existe ese peligro inmediato que habilita el uso del arma. De acuerdo con los autores del proyecto, el objetivo es brindar un marco más preciso para el accionar policial y reducir la ambigüedad que hoy existe en la normativa.
Además, la reforma introduce cambios en los procedimientos previos al uso del arma. La iniciativa plantea que el policía debe identificarse y emitir una advertencia antes de disparar, aunque también contempla excepciones. Si esa advertencia representa un riesgo mayor para el propio agente o para terceros, el efectivo podría utilizar el arma sin previo aviso.
Este punto busca cubrir situaciones críticas como ataques armados o amenazas inmediatas, donde el tiempo de reacción puede resultar determinante.
Más prevención y nuevas funciones para la policía
El proyecto también incorpora modificaciones relacionadas con las funciones del personal policial. En particular, refuerza el rol preventivo de la fuerza, detallando tareas vinculadas con la observación, vigilancia y prevención de conflictos en espacios públicos, aspectos que en la legislación actual aparecen formulados de manera más general.
El otro cambio clave: convocar a policías retirados
Uno de los aspectos más novedosos de la iniciativa no está directamente vinculado al uso de armas. El texto habilita formalmente a la administración a convocar nuevamente a policías retirados altamente calificados, algo que actualmente no está regulado con precisión en la normativa vigente.
La propuesta establece también cómo se definirá la remuneración según el tipo de tarea asignada. Si el policía retirado es convocado para funciones de conducción o cargos directivos, podrá percibir hasta el 100% del salario correspondiente al grado con el que se retiró. En cambio, si cumple tareas de apoyo o administrativas, el pago podrá alcanzar hasta el 80% de ese mismo haber.
De avanzar definitivamente en la Legislatura, la reforma introduciría cambios relevantes tanto en el uso de la fuerza por parte de la policía como en la organización interna de la fuerza en Mendoza.
