El Ministerio de Salud dispuso la cesantía definitiva de un médico que se desempeñaba en el hospital de Tupungato, luego de que la Justicia penal de Mendoza dejara firme una condena en su contra por abuso sexual gravemente ultrajante.
La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el Gobernador y publicado este jueves en el Boletín Oficial. El ex profesional del Estado se encuentra actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Almafuerte, donde cumple una pena de 4 años y 6 meses de prisión.
El proceso administrativo se inició en 2019, tras el fallo del Primer Tribunal Penal Colegiado que lo declaró culpable. A pesar de los intentos del acusado por revertir la sanción —incluidos recursos ante la Suprema Corte provincial y un Recurso Extraordinario Federal—, todas las instancias ratificaron la condena, que quedó firme.
La sentencia también estableció una inhabilitación especial para ejercer la medicina durante el mismo período de la pena efectiva.
El Consejo Deontológico Médico calificó el accionar como una “violación gravísima e irreversible a los principios fundamentales del ejercicio médico”, al considerar que vulneró derechos de pacientes en situación de especial vulnerabilidad. En ese marco, además de la cesantía, se recomendó la inhabilitación de la matrícula profesional y la remisión de antecedentes al Registro Nacional de Sanciones a Profesionales de la Salud (RENSPA).
La decisión se sustenta en el artículo 85 del Convenio Colectivo de Trabajo de los Profesionales de la Salud, que prevé la baja inmediata para agentes condenados por delitos dolosos.
En términos administrativos, el ex médico:
No podrá ocupar cargos públicos en la provincia por al menos cinco años tras cumplir la condena.
No podrá reingresar al régimen de profesionales de la salud del Estado.
Cumplirá su pena de prisión hasta el 17 de marzo de 2025, mientras que sus antecedentes penales recién caducarán en 2035.
Durante el trámite, el Hospital General Las Heras informó dificultades para notificar al imputado debido a que se encuentra privado de la libertad en Almafuerte. Por tal motivo, se coordinaron medidas especiales para garantizar el debido proceso antes de formalizar su expulsión definitiva del sistema público de salud.
