El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó una rectificación de sus declaraciones patrimoniales y reconoció la existencia de fondos vinculados a inversiones en criptomonedas que no figuraban en presentaciones anteriores. La situación generó cuestionamientos debido a que sus nuevas explicaciones contradicen afirmaciones realizadas meses atrás ante el Congreso.
El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la escena política luego de presentar una rectificación de sus declaraciones juradas patrimoniales e incorporar activos que, según reconoció, no habían sido informados previamente ante los organismos de control.
La polémica se originó porque la nueva documentación contradice declaraciones públicas realizadas por el funcionario durante su exposición ante el Congreso el pasado 29 de abril. En aquella oportunidad, Adorni había asegurado que todos los bienes que integraban su patrimonio se encontraban debidamente declarados y que no existía ningún tipo de ocultamiento. Sin embargo, en las últimas horas admitió la existencia de fondos que no figuraban en sus presentaciones anteriores.
Según explicó el propio funcionario, esos recursos estarían vinculados a inversiones realizadas en criptomonedas años antes de su ingreso al Gobierno. De acuerdo con sus declaraciones, parte del patrimonio surgió de una inversión inicial en Bitcoin que habría generado importantes ganancias con el paso del tiempo.
La rectificación fue presentada ante la Oficina Anticorrupción e incluye modificaciones en declaraciones patrimoniales correspondientes a distintos períodos. El objetivo, según sostuvo Adorni, es regularizar la información y reflejar correctamente la totalidad de sus activos.
Las nuevas revelaciones se producen en medio de una investigación judicial y de cuestionamientos de sectores de la oposición respecto del crecimiento patrimonial del funcionario, sus adquisiciones inmobiliarias y algunos gastos que habían despertado interrogantes durante los últimos meses.
Mientras el oficialismo respalda las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete, desde distintos sectores políticos sostienen que las contradicciones entre las declaraciones realizadas ante el Congreso y la información incorporada posteriormente deberán ser aclaradas en los ámbitos institucionales y judiciales correspondientes.
La presentación de la nueva declaración jurada reavivó el debate público sobre la transparencia patrimonial de los funcionarios y podría derivar en nuevas instancias de análisis tanto por parte de organismos de control como de la Justicia, que continúa evaluando la documentación incorporada al expediente.
