Será el miércoles 11 de febrero.
La Cámara alta ya tiene fecha para tratar uno de los proyectos más sensibles del año. El miércoles 11 de febrero, el Senado discutirá la reforma laboral promovida por el Poder Ejecutivo. La confirmación llegó de la mano del senador radical Eduardo Vischi, quien detalló que la iniciativa apunta a modificar aspectos centrales de la legislación laboral y previsional.
Durante los encuentros preparatorios hubo avances en buena parte del articulado. Sin embargo, persisten discusiones en torno a la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas, un punto que genera inquietud por sus posibles efectos en la recaudación de las provincias.
Desde el oficialismo, Patricia Bullrich aseguró que el consenso alcanzado entre bloques contempla debatir la norma de manera integral. Según explicó, el 95% de los temas ya quedó definido y existe confianza en reunir los votos necesarios para su aprobación.
Mientras el Congreso se prepara para la sesión, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una reunión urgente para el viernes 6 de febrero. El objetivo es analizar el contenido de la reforma y definir eventuales medidas, entre ellas un paro nacional. En paralelo, los sindicatos mantienen conversaciones con referentes provinciales para coordinar posiciones frente a los cambios propuestos.
El texto contempla una reducción de aportes patronales con la intención de estimular el empleo formal. También introduce un nuevo esquema de indemnización a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiaría con un 3% del salario del empleado y prevé pagos en cuotas calculados sobre el promedio salarial.
Se propone además extender el período de prueba a seis meses, sin derecho a indemnización, y prohibir que una empresa contrate más de una vez al mismo trabajador bajo esa modalidad. Las vacaciones podrán fraccionarse en tramos con un mínimo de 7 días, y la jornada podría alcanzar hasta 12 horas diarias, con descansos mínimos y bancos de horas para compensar extras.
Entre otros puntos, se habilita un salario dinámico por productividad o mérito, pagadero en pesos, moneda extranjera, bienes o servicios, hasta un 20% del salario. En materia de convenios, se elimina la ultraactividad y se priorizan acuerdos por empresa. También se fijan limitaciones a huelgas, ampliación de servicios esenciales y sanciones ante bloqueos o tomas. A esto se suman beneficios fiscales, como la reducción de Ganancias y la eliminación de ciertos tributos para incentivar inversión y contratación.
El debate que se abrirá el 11 de febrero será decisivo para el rumbo del mercado laboral argentino y marcará un nuevo capítulo en la negociación entre el Gobierno, el sindicalismo y el sector empresario.
