La población penal del Complejo Penitenciario Complejo Penitenciario Almafuerte presentó un hábeas corpus colectivo y correctivo ante la Justicia mendocina para exigir mejoras urgentes en las condiciones de detención. La acción fue impulsada por la abogada María Elena Quintero y quedó bajo análisis del juez Diego Flamant.
En la presentación judicial se denunció un presunto deterioro generalizado en el acceso a salud, agua potable, calefacción y comunicación con las familias, además de situaciones de hacinamiento en distintos pabellones. Según el escrito, algunos sectores diseñados para 72 internos alojan actualmente entre 100 y 140 personas, mientras que varios detenidos deben dormir en el piso por falta de camas, colchones y frazadas.
El reclamo también apunta contra el funcionamiento del sistema sanitario dentro del penal. La defensa sostuvo que la atención médica sería limitada y sin guardias permanentes durante la noche, además de existir demoras de meses e incluso años para derivaciones hospitalarias y cirugías. A esto se suman denuncias por problemas en el suministro de agua, que en algunos períodos obligaron a abastecer el complejo mediante camiones cisterna.
Otro de los puntos más sensibles del hábeas corpus está vinculado a las requisas y a la restricción del uso de teléfonos celulares dentro de la cárcel. Según la presentación, la medida se implementó sin alternativas adecuadas para mantener el contacto con familiares y abogados. También cuestionaron procedimientos de control considerados excesivos y las condiciones en que se desarrollan las visitas familiares, incluyendo largas esperas a la intemperie y restricciones durante los ingresos.
