La Cámara de Diputados de la Nación sancionó la reforma de la Ley de Glaciares tras reunir 137 votos afirmativos, frente a 111 rechazos y tres abstenciones, consolidando así el respaldo del oficialismo y sus aliados a una de las iniciativas más discutidas en el Congreso. La norma ya contaba con media sanción del Senado, por lo que quedó aprobada de manera definitiva.
El bloque de La Libertad Avanza logró construir una mayoría amplia con el acompañamiento de espacios como el PRO, la UCR y sectores provinciales (incluyendo representantes de San Juan y Catamarca), e incluso sumó adhesiones aisladas desde la oposición (como legisladores de Unión por la Patria). Este respaldo fue clave para avanzar con una reforma que llevaba semanas de negociaciones.
El eje central de la ley pasa por la modificación de los criterios de protección en zonas glaciares y periglaciares, lo que habilita el desarrollo de actividades productivas en áreas que antes estaban restringidas (especialmente vinculadas a la minería). Desde el Gobierno sostienen que este cambio permitirá atraer inversiones de gran escala y dinamizar las economías regionales (sobre todo en provincias cordilleranas con potencial en litio y cobre).
En contrapartida, amplios sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas advirtieron que la reforma implica un retroceso en la protección de recursos naturales estratégicos, al considerar que se debilitan las garantías sobre reservas de agua dulce en un contexto de crisis climática (lo que podría impactar tanto en el consumo humano como en la producción agrícola).
Con la aprobación legislativa, la norma queda ahora a la espera de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo. El debate, sin embargo, está lejos de cerrarse: la tensión entre desarrollo económico y cuidado ambiental vuelve a instalarse en el centro de la agenda pública argentina.
