Tras ser capturado e imputado, el dictador venezolano Nicolás Maduro fue trasladado este lunes para su primera aparición ante la Justicia de Estados Unidos. El depuesto presidente debe comparecer en horas del mediodía en un tribunal federal de Manhattan, acusado de narcoterrorismo, el mismo cargo que la administración de Donald Trump utilizó para justificar su detención y traslado forzado a Nueva York.
El trámite de hoy es breve, casi protocolar, pero marca el inicio formal de una batalla legal larga, compleja y cargada de implicancias políticas: si un exjefe de Estado puede o no ser juzgado por tribunales estadounidenses.
Por estar acusado bajo el sistema judicial de Estados Unidos, Maduro tendrá los mismos derechos que cualquier imputado, incluido el acceso a un juicio con jurado integrado por ciudadanos comunes de Nueva York. Pero el caso tendrá una singularidad central: sus abogados intentarán bloquear el proceso alegando inmunidad soberana, bajo el argumento de que fue jefe de un Estado extranjero.
No sería la primera vez que esa defensa aparece en un tribunal estadounidense. El dictador panameño Manuel Noriega la intentó tras ser capturado en la invasión de 1990, sin éxito. En el caso venezolano, Washington sostiene una diferencia clave: no reconoce a Maduro como presidente legítimo, especialmente tras una reelección cuestionada en 2024.
Desde Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez exigió la devolución inmediata de Maduro, aunque el domingo por la noche bajó el tono en redes sociales y habló de cooperación con Trump y de “relaciones respetuosas” con Estados Unidos. Hasta su captura, Maduro y su entorno insistían en que la hostilidad estadounidense respondía al interés por el petróleo y los minerales venezolanos.
La operación militar que terminó con su detención ocurrió el sábado en una base militar venezolana. Trump afirmó luego que Estados Unidos “administrará” Venezuela de manera temporal, aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró que Washington no gobernará el país en el día a día, más allá de sostener una “cuarentena petrolera” ya vigente.
