La gestión municipal de San Carlos se encuentra atravesando un escenario de tensión marcado por antecedentes de irregularidades en la Administración, versiones sobre contrataciones que resultan sospechosas y un clima político atravesado por denuncias cruzadas. El foco se posó sobre el intendente Alejandro Morillas, luego de una sanción formal del Tribunal de Cuentas de Mendoza que reavivó interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos.
El dato más concreto surge del Fallo N° 18.353, fechado el 4 de febrero de 2026, donde el Tribunal de Cuentas multó al intendente por irregularidades en la contratación de artistas para la Estudiantina 2024. La resolución incluyó sanciones económicas personales: $400.000 para Morillas, $400.000 para el Secretario de Gobierno y $500.000 para la contadora municipal. El organismo cuestionó la falta de justificación en la contratación directa, señalando que no se acreditaron condiciones de exclusividad que habilitaran evitar el proceso de licitación.
Si bien la rendición de cuentas del ejercicio 2024 fue aprobada en términos generales, el mismo fallo dejó asentadas observaciones por deficiencias en registros contables, control de stock y diferencias en liquidaciones salariales, lo que expone falencias en los mecanismos administrativos internos. Desde el Ejecutivo, la respuesta fue clara: se trató de errores técnicos sin perjuicio económico para el Estado.
En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre otras contrataciones que abren nuevas dudas. Entre ellas, la posible vinculación entre el municipio y la empresa GRAPO S.A.S, que habría sido contratada para el alquiler de maquinaria durante 2025 y parte de 2026 por un monto cercano a los 97 millones de pesos. Según estas versiones, existiría un vínculo familiar entre integrantes de la empresa y un empleado municipal, lo que podría configurar un conflicto de intereses. Sin embargo, hasta el momento no hay documentación pública ni registros en medios que permitan confirmar esta información.
En respuesta a esto, el intendente Alejandro Morillas defendió el accionar de su gestión y aseguró que no existen irregularidades. “No solamente GRAPO, hay un montón de empresas que permanentemente nosotros sacamos a licitación y se presentan como cualquier empresa, y eso justamente está bajo la revisión del Tribunal de Cuentas, que tiene que cumplir su objetivo y aclarar las cosas”, afirmó a medios radiales del Valle de Uco. En esa línea, justificó la necesidad de contratar servicios externos al señalar que “contratamos porque no tenemos manera de hacer funcionar el municipio, porque recibimos un parque automotor destruido y devastado”. Además, remarcó que cualquier sospecha debe canalizarse por las vías institucionales: “Si creés que hay algo para denunciar, está la Justicia para eso; yo no tengo ningún problema en mostrar lo que se tiene que hacer y lo que se trabaja es así”.
El contexto se vuelve aún más complejo por el clima político que rodea a la gestión. Desde sectores cercanos al oficialismo se denuncia la existencia de operaciones de desprestigio y campañas coordinadas en redes sociales, destinadas a instalar denuncias sin sustento. Esta narrativa convive con hechos verificables como la sanción del Tribunal, lo que obliga a analizar cada señal con cautela.
En este escenario, la gestión de San Carlos queda en una zona de tensión entre hechos comprobados y versiones en disputa. La multa aplicada por el organismo de control marca un antecedente concreto, mientras que las dudas sobre otras contrataciones abren una línea de investigación que todavía no encuentra respaldo documental.
Lo cierto es que, entre sanciones formales, denuncias en circulación y respuestas oficiales, las preguntas siguen abiertas y el manejo de las contrataciones públicas queda bajo la lupa.
