El conflicto entre el PAMI y sus médicos prestadores suma tensión en Mendoza, donde cerca de 248 mil afiliados se ven afectados por un paro nacional de 72 horas que repercute de manera desigual según la zona. En algunos centros de salud se reprogramaron turnos y solo se atienden urgencias (con impacto directo en pacientes crónicos), mientras que en sectores de la Ciudad el servicio se mantiene casi con normalidad.
La medida de fuerza responde al rechazo de los profesionales a un cambio en el sistema de pago impulsado por el organismo. Desde el PAMI sostienen que hubo un incremento superior al 120% en el valor cápita (el monto fijo que cobra cada médico por afiliado), que pasó de $946 a $2.100, y aseguran que la reforma apunta a ordenar el sistema y mejorar los controles (para evitar irregularidades en la facturación).
En esa línea, desde la obra social argumentan que el nuevo esquema permitirá unificar criterios y supervisar mejor la prestación de servicios (especialmente en casos de superposición horaria o distancias incompatibles entre consultas), una problemática que, según indican, se repetía en algunos casos.
Sin embargo, del lado de los profesionales la visión es completamente distinta. Denuncian que el nuevo modelo implica un “recorte encubierto”, ya que elimina pagos adicionales por consultas y prácticas que representaban la mayor parte de sus ingresos. Según explican, esos conceptos ahora quedaron absorbidos dentro de la cápita (lo que reduce significativamente el ingreso total).
Referentes del sector advierten que la caída en la remuneración puede rondar hasta el 50% (considerando costos operativos como alquiler, personal e insumos), lo que pone en riesgo la continuidad de muchos consultorios. El conflicto, lejos de resolverse, abre un escenario incierto tanto para los profesionales como para los jubilados que dependen del sistema.
