La ministra de Seguridad y Justicia defendió en la Legislatura el proyecto mendocino que adapta el Régimen Penal Juvenil a la nueva normativa nacional. La iniciativa establece nuevas pautas para abordar los delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 17 años y apunta a evitar la reincidencia.
Mendoza avanza con la modificación de su Régimen Penal Juvenil para adecuarlo a la Ley Nacional 27.801, que establecerá un nuevo marco para la intervención estatal frente a delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 17 años. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, aseguró que los jóvenes que delinquen deberán afrontar consecuencias, aunque remarcó que el objetivo también será trabajar en su resocialización y evitar que vuelvan a cometer delitos.
Rus presentó este jueves los principales lineamientos de la iniciativa durante un plenario de senadores y diputados en la Legislatura, acompañada por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar. Entre los cambios planteados aparece la posibilidad de unificar en un mismo proceso los casos en los que estén involucrados menores y adultos, mediante un tribunal de integración especial conformado por dos jueces del Fuero Penal Juvenil y uno de la Justicia ordinaria. La separación de los procesos quedaría reservada para los casos en que el adulto deba ser sometido a juicio por jurados.
Durante su exposición, la ministra sostuvo que el nuevo esquema debe brindar “consecuencias” ante los delitos, pero también herramientas que permitan interrumpir las trayectorias delictivas. “Queremos la tranquilidad de los mendocinos”, afirmó Rus, y agregó que la política no debe limitarse a una respuesta penal, sino que debe apuntar a que los jóvenes puedan reinsertarse y no reincidir.
El proyecto provincial se encuentra así en proceso de adecuación al nuevo régimen nacional, que comenzará a regir el 5 de septiembre. Desde el Gobierno mendocino plantean que la reforma permitirá establecer reglas más claras para la intervención ante delitos cometidos por adolescentes y combinar sanciones concretas con medidas orientadas a la resocialización.
