El Senado de la Nación debate este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que plantea modificaciones en el régimen de compra de tierras rurales por parte de extranjeros y busca agilizar los procesos de desalojo en casos de usurpaciones y alquileres con incumplimiento de pago.
Uno de los puntos más discutidos de la propuesta es la eliminación de las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por personas y empresas extranjeras. De aprobarse, las operaciones quedarían sujetas a la autorización de la provincia donde se ubique el inmueble y, en caso de tratarse de zonas de frontera, también requerirían el visto bueno del Gobierno nacional.
El proyecto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o compañías con participación estatal puedan comprar tierras rurales, salvo que cuenten con una autorización expresa tanto de la provincia correspondiente como del Poder Ejecutivo Nacional. Además, incorpora el principio de «silencio administrativo», por el cual la operación quedará aprobada automáticamente si en un plazo de 180 días las autoridades no presentan objeciones.
La iniciativa también introduce cambios en el sistema de desalojos con el objetivo de reducir los tiempos judiciales. En situaciones de usurpaciones u ocupaciones precarias, el juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando considere acreditado el derecho del propietario y exista documentación que respalde la titularidad. En esos casos, los ocupantes tendrán un plazo de 72 horas para desocupar la propiedad.
En cuanto a los alquileres con falta de pago, el proyecto establece un procedimiento más rápido. El propietario deberá intimar al inquilino mediante carta documento o correo electrónico, otorgándole un mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda. Si el incumplimiento persiste, podrá iniciar un juicio de desalojo que, según la iniciativa, deberá resolverse en un plazo de diez días hábiles.
