El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de Buenos Aires resolvió este martes avanzar con el decomiso de una amplia cantidad de bienes inmuebles y sumas millonarias pertenecientes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actualmente bajo prisión domiciliaria desde junio de este año en el marco de la causa Vialidad.
La decisión también alcanza a Lázaro Báez, a otras personas condenadas en el expediente y a sociedades vinculadas. Además, incluye a Máximo y Florencia Kirchner, quienes figuran como titulares de parte de los bienes identificados durante la investigación.
En total, la Justicia dispuso la incautación de 20 propiedades asociadas a la familia Kirchner, junto con el decomiso de un monto actualizado que asciende a $684.990.350.139,86, correspondiente al perjuicio económico determinado en la causa por administración fraudulenta contra el Estado.
La sentencia había quedado firme el 10 de junio de 2025. En su fallo original, el tribunal había fijado un decomiso de $84.835.227.378,04, cifra que luego fue revisada y actualizada por peritos oficiales, fiscales y el cuerpo de contadores de la Corte Suprema. Pese a haber sido intimados, los condenados no efectuaron el pago exigido.
Entre los bienes alcanzados por la medida figuran inmuebles pertenecientes a Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, además de propiedades que fueron transferidas a los hijos de la expresidenta. El fallo también prevé avanzar sobre activos de Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich si los bienes ya decomisados no alcanzaran para cubrir la suma establecida.
El tribunal encargó al Ministerio Público Fiscal profundizar la identificación de bienes y fondos que tengan origen en los hechos investigados, y detallar en qué activos fueron volcados o transformados. La Fiscalía determinó que las adquisiciones relevantes se realizaron entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período considerado clave en la maniobra delictiva.
Todos los bienes incautados serán inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados, mientras que el tribunal remarcó que el objetivo principal del decomiso es reparar el daño ocasionado al Estado y a la sociedad, siguiendo estándares internacionales y jurisprudencia local.
Finalmente, la resolución deja abierta la posibilidad de que la Fiscalía continúe individualizando otros bienes susceptibles de ser decomisados durante la ejecución de la sentencia, siempre que encuadren en los parámetros fijados. La realización y administración de los activos se llevará a cabo según las normativas vigentes.
