
La iniciativa busca crear un Código Unificado de Edificación aplicable a los 18 departamentos de la provincia. Desarrollado en conjunto con los municipios y el Colegio de Arquitectos, establecerá estándares mínimos de habitabilidad, sismorresistencia y seguridad para obras públicas y privadas, agilizando los trámites burocráticos.
El Poder Ejecutivo de Mendoza dio un paso clave para ordenar el sector de la construcción al enviar a la Legislatura provincial un ambicioso proyecto de ley que busca crear el Código Unificado de Edificación. La propuesta, que ingresó formalmente por la Cámara de Diputados este jueves 21 de mayo de 2026, tiene como objetivo principal homogeneizar los criterios técnicos, de seguridad y de habitabilidad para el desarrollo de obras públicas y privadas en todo el territorio provincial. Con esta medida, la gestión gubernamental apunta a terminar con el histórico «caos normativo» derivado de las marcadas diferencias regulatorias existentes entre los 18 municipios, ofreciendo reglas de juego claras, previsibles y transparentes para propietarios, profesionales del diseño y desarrolladores inmobiliarios.
Los detalles técnicos: superficies mínimas y seguridad internacional
El texto final del código —que demandó un extenso proceso de concertación a través de Unicipio, los equipos técnicos municipales y el Colegio de Arquitectos— define pautas comunes de habitabilidad adaptadas a la realidad del siglo XXI. Entre los puntos más destacados, se establece una superficie mínima de 32 metros cuadrados para considerar a una unidad habitacional como vivienda digna, fijando a su vez parámetros uniformes para alturas de locales, tamaños de aberturas y anchos de pasillos. Asimismo, la accesibilidad universal dejará de ser opcional para convertirse en una obligación estricta en edificios públicos y de acceso masivo. En materia de seguridad estructural y prevención, al encontrarse Mendoza en una zona de elevado peligro sísmico, la ley ratifica la obligatoriedad de los reglamentos nacionales CIRSOC e INPRES-CIRSOC, al tiempo que adopta formalmente la rigurosa norma internacional NFPA para la protección contra incendios.
Menos burocracia y respeto a la autonomía municipal
Desde los sectores profesionales celebraron la iniciativa al señalar que la falta de unificación en los formatos de presentación, trámites y rotulados generaba una severa pérdida de tiempo, información y trazabilidad en los proyectos. Las autoridades aclararon puntualmente que este nuevo código no avanza sobre las normativas urbanísticas de cada comuna. Esto significa que cada intendencia del Valle de Uco, del Gran Mendoza o del resto del interior conservará de manera intacta su autonomía para determinar los indicadores de zonificación locales, tales como las alturas máximas permitidas en sus perfiles públicos, el uso del suelo o las líneas de retiro, resguardando la identidad territorial y paisajística de cada región.

