Fabricio Moyano: La muerte que dividió a Tunuyán y las dos versiones que marcaron una investigación de más de dos décadas
Tenía 17 años cuando terminó envuelto en llamas dentro de un automóvil estacionado frente al boliche Malake, en Vista Flores. Su familia sostuvo desde el primer momento que había sido víctima de un ataque, mientras que una pericia realizada 18 años después concluyó que se trató de un accidente. Hubo testigos de identidad reservada, empleados municipales imputados, cuestionamientos a la investigación y una hipótesis que involucró al poder político de aquel entonces. ¿Qué se sabe realmente sobre uno de los episodios policiales más controvertidos de Tunuyán?
Hay historias policiales que desaparecen de las tapas de los diarios, pero que nunca dejan de generar preguntas. En Tunuyán, una de ellas tiene nombre y apellido: Raúl César Fabricio Moyano.
Tenía apenas 17 años cuando, durante una madrugada de junio de 2003, terminó atrapado en las llamas de un Ford Falcon estacionado en las inmediaciones del boliche Malake, en Vista Flores. Lo que inicialmente parecía un episodio accidental terminó convirtiéndose en una investigación judicial que atravesó distintos juzgados, acumuló versiones enfrentadas y llegó a involucrar a personas vinculadas con la Municipalidad de Tunuyán.
Más de dos décadas después, la causa permanece archivada con una conclusión oficial que la familia nunca aceptó.
Pero para comprender por qué el caso continúa despertando interés, es necesario volver al comienzo y reconstruir las dos historias que se enfrentaron durante la investigación.
Una madrugada que terminó en tragedia
Fabricio había salido a bailar con amigos al boliche Malake, ubicado en Vista Flores. Durante la madrugada, el adolescente se encontraba dentro de un Ford Falcon estacionado en el predio del establecimiento cuando se produjo una explosión que provocó un incendio.
El joven sufrió quemaduras de extrema gravedad. Fue trasladado inicialmente al hospital Scaravelli y posteriormente derivado al hospital Lagomaggiore, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.
El episodio generó conmoción en el departamento. Sin embargo, las circunstancias que rodearon el incendio comenzaron a despertar interrogantes.
La madre de Fabricio, Noemí Amaya, sostuvo desde el comienzo que su hijo había sido atacado por otras personas. Según declaró públicamente, el adolescente habría alcanzado a contarle que varios hombres lo introdujeron por la fuerza en el vehículo, lo obligaron a ingerir combustible y posteriormente provocaron el incendio.
Aquella versión se convirtió en el eje de una disputa que acompañaría a la familia durante años.
La hipótesis que apuntaba a un ataque
La investigación judicial no se limitó a considerar la posibilidad de un accidente.
En 2015, después de varios años sin avances significativos, la jueza de Menores Adriana Cerini imputó a dos empleados municipales, José Marcelo Frites y Orlando Velardes, por su presunta participación en el hecho.
La decisión se basó en declaraciones de testigos de identidad reservada. Según publicó Los Andes el 4 de mayo de 2015, uno de ellos aseguró haber visto a dos hombres cuando atacaban a Fabricio.
En aquella oportunidad, el abogado de la familia, Edgardo Valles, explicó que existían testimonios que apuntaban a la intervención de tres personas. También sostuvo que uno de los relatos mencionaba una frase vinculada con una supuesta relación sentimental entre Fabricio y una joven.
La hipótesis de la querella era que los agresores habrían buscado a otro muchacho, físicamente parecido a Fabricio, y que el adolescente habría sido confundido con esa persona.
La teoría incluía una posible conexión con el entonces intendente Ricardo Pont.
Es importante aclarar que estas afirmaciones correspondieron a la hipótesis sostenida por la familia y su representación legal. No fueron demostradas judicialmente.
Los dos empleados municipales fueron investigados y posteriormente sobreseídos. Por lo tanto, no corresponde atribuirles responsabilidad penal por la muerte del adolescente.
El nombre del poder político en medio del expediente
Uno de los aspectos que más repercusión generó fue la aparición del nombre de Ricardo Pont, quien se desempeñaba como intendente de Tunuyán durante aquel período.
La familia y su abogado plantearon que el ataque podría haber tenido una motivación relacionada con un conflicto sentimental y que Fabricio habría sido confundido con otra persona.
La hipótesis más grave sostenía que detrás del episodio podía existir una orden vinculada con el poder político local.
Sin embargo, es fundamental distinguir entre una denuncia, una hipótesis de investigación y una responsabilidad penal acreditada. Las publicaciones consultadas no permiten afirmar que el exintendente haya sido condenado ni que se haya demostrado su participación en el hecho.
El caso también tuvo un episodio institucional cuando la jueza Adriana Cerini fue apartada de la investigación poco después de las imputaciones de 2015. La decisión generó cuestionamientos de la querella, que solicitó investigar posibles irregularidades vinculadas con el desplazamiento.
Este capítulo merece una revisión documental propia: determinar qué resolución dispuso el cambio de magistrada, cuáles fueron sus fundamentos y qué ocurrió con los planteos posteriores.
La pericia que cambió el rumbo de la investigación
Después de años de controversias, en 2021 se conoció una tercera pericia técnica que modificó sustancialmente el panorama.
El informe, elaborado por el licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo Gonzalo Parra, demandó más de un año de trabajo y concluyó que el incendio había tenido un origen accidental.
Según la reconstrucción publicada por Los Andes el 7 de noviembre de 2021, los especialistas ubicaron el origen del fuego en la parte trasera del vehículo, donde existía una conexión improvisada de mangueras que transportaba combustible desde un bidón hacia el motor.
La explicación técnica sostenía que Fabricio se encontraba recostado en el asiento trasero y que, al encender un cigarrillo, se produjo una deflagración que desencadenó el incendio.
Con esa conclusión, la Justicia archivó la investigación bajo la hipótesis de un accidente.
El resultado representó un giro determinante para el expediente, pero no modificó la postura de la familia, que continuó cuestionando el procedimiento y las pruebas reunidas.
Un video desaparecido y las dudas de la querella
Otro de los elementos que volvió a poner el caso en discusión fue una denuncia del abogado Edgardo Valles.
En declaraciones periodísticas reproducidas por MDZ y Diario NDI, el letrado afirmó que existía un video que la madre de Fabricio había conservado y en el que se escuchaba al adolescente hablar durante aquella noche. Según su relato, ese material desapareció del expediente.
También cuestionó la preservación de la escena y sostuvo que existieron irregularidades durante el procedimiento policial inicial.
Estas afirmaciones forman parte de los cuestionamientos de la querella y deberían contrastarse con las actuaciones judiciales, los informes periciales y los registros de custodia de las pruebas.
¿Existió efectivamente ese video? ¿Fue incorporado formalmente a la causa? ¿Qué ocurrió con él? ¿Se documentó su recepción y posterior custodia?
Son preguntas que merecen respuestas documentales y que podrían aportar información relevante para comprender las controversias del expediente.
Dos versiones, una familia que todavía busca respuestas
En 2025, Diario NDI volvió a recuperar el caso y publicó una reconstrucción centrada en los cuestionamientos de la familia. En agosto de 2026, el mismo medio volvió sobre la historia y las hipótesis que involucraron al antiguo poder político departamental.
La persistencia de estos reclamos muestra que el caso no quedó limitado a un expediente judicial. También forma parte de la memoria de una comunidad que durante años escuchó distintas explicaciones sobre lo ocurrido.
Por un lado, existe una conclusión pericial que determinó que el incendio fue accidental. Por otro, una familia que sostuvo durante más de veinte años que su hijo fue víctima de un ataque y que cuestionó diferentes aspectos de la investigación.
La diferencia entre ambas versiones constituye el centro de esta historia.
No hay una condena que permita afirmar que Fabricio fue asesinado ni pruebas judicialmente acreditadas que responsabilicen a las personas mencionadas en las hipótesis familiares.
Pero tampoco sería correcto reconstruir el caso sin escuchar a quienes denunciaron irregularidades y sin revisar los documentos que respaldaron cada decisión judicial.
¿Qué ocurrió realmente aquella madrugada?
A más de veinte años de la muerte de Fabricio Moyano, quedan aspectos de la historia que merecen una revisión periodística: el contenido de las declaraciones testimoniales, las tres pericias realizadas, la conservación de las pruebas, el video mencionado por la querella y los fundamentos de las resoluciones judiciales.
También resulta necesario conocer cuál es la situación procesal actual del expediente y si existieron pedidos posteriores de reapertura.
La historia de Fabricio no es solamente la de un adolescente que murió en el incendio de un automóvil. Es también la de una investigación que tuvo distintos rumbos, una familia que nunca aceptó la explicación oficial y una comunidad que todavía recuerda el episodio.
¿Fue un accidente o existieron circunstancias que nunca pudieron demostrarse?
La respuesta no puede surgir de los rumores ni de las versiones que circularon durante años. Debe encontrarse en las pruebas, los testimonios y los documentos de una causa que marcó la historia policial de Tunuyán.
Porque, detrás de cada expediente, también hay una familia que espera respuestas.
