En Mendoza, al menos 36 personas formalizaron en el último año su voluntad de rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida, a través de las llamadas directivas médicas anticipadas. Se trata de documentos legales que permiten dejar constancia, ante escribano, de decisiones vinculadas al propio cuerpo en situaciones críticas (como enfermedades terminales o estados irreversibles).
Desde el ámbito notarial explican que estas actas son utilizadas por personas que, en pleno uso de sus facultades, deciden anticipar qué tipo de intervenciones médicas aceptan o rechazan (por ejemplo, maniobras de reanimación o asistencia respiratoria). La herramienta está contemplada en la legislación vigente y se presenta como una opción legal frente a escenarios de sufrimiento prolongado (aunque no implica la práctica de eutanasia, que no está habilitada en el país).
Especialistas en bioética advierten que, si bien existen estos mecanismos, no siempre son suficientemente conocidos ni utilizados, y destacan el rol de los comités médicos para orientar decisiones sobre la limitación del esfuerzo terapéutico (es decir, cuándo dejar de aplicar tratamientos que solo extienden la agonía sin mejorar la calidad de vida). Desde la creación del registro provincial en 2012, se contabilizan más de 280 casos inscriptos, lo que refleja un crecimiento paulatino del recurso.
El debate también se nutre de historias personales. El caso de Frida Blanco Villegas expuso públicamente estas decisiones: la joven, que atravesaba una enfermedad oncológica avanzada, dejó asentado que no quería continuar con intervenciones médicas invasivas y falleció en 2024 tras un proceso acompañado por su familia y profesionales de la salud. Su testimonio puso en agenda el derecho a decidir sobre el propio final en contextos de padecimiento extremo.
En paralelo, el tema mantiene abierta la discusión legislativa. Proyectos impulsados en el Congreso por dirigentes como Alfredo Cornejo, Mariana Juri y Jimena Latorre, y más recientemente retomados por Lisandro Nieri, buscan regular la eutanasia bajo condiciones específicas (como enfermedades graves e incurables). Sin embargo, la falta de consenso político mantiene el tema sin resolución, mientras crecen las herramientas legales alternativas para definir cómo atravesar el final de la vida.
