La intención del Gobierno de Mendoza de avanzar con una reforma de la Constitución provincial ha chocado con un muro legislativo y político. Desde el peronismo local han intensificado sus cuestionamientos, señalando que la agenda del gobernador Alfredo Cornejo está «desconectada» de las urgencias sociales y económicas que atraviesan los mendocinos en 2026.
Los ejes del conflicto El bloque opositor ha centrado sus críticas en tres puntos fundamentales que, según denuncian, esconden un intento de hegemonía política:
- Unicameralidad: El PJ sostiene que eliminar una de las cámaras legislativas reduciría la representatividad de las minorías y el control sobre el Ejecutivo.
- Autonomía Municipal: Si bien es un reclamo histórico, los intendentes peronistas desconfían de cómo se distribuirán los recursos en una eventual nueva configuración.
- Celeridad: Para el peronismo, discutir una reforma constitucional en medio de una caída del consumo y la recaudación es una «falta de respeto» a la ciudadanía.
Por el momento, los números en la Legislatura no alcanzan para la declaración de necesidad de la reforma, lo que obliga al oficialismo a buscar consensos que, hoy por hoy, parecen inexistentes.
