En un cambio de estrategia legislativa, el Poder Ejecutivo decidió archivar el ambicioso proyecto integral de 920 artículos para avanzar con una reforma penal acotada y de aplicación inmediata. Esta primera fase, que será debatida en el Congreso durante este trimestre, busca dar respuesta a la demanda social de seguridad mediante la tipificación de modalidades delictivas que carecían de escalas penales específicas.
Nuevas figuras y escalas de castigo El proyecto introduce nombres propios a delitos que hasta ahora se juzgaban bajo figuras genéricas. Entre los puntos más destacados se encuentran:
- «Viudas Negras»: Se tipifica como robo agravado el uso de sustancias para adormecer o engañar a las víctimas. Las penas alcanzarán hasta los 12 años de prisión.
- «Motochorros»: El uso de vehículos motorizados para cometer arrebatos tendrá condenas de 2 a 8 años, sumado a una inhabilitación para conducir por un máximo de 16 años.
- «Entraderas» y «Salideras»: Estas modalidades recibirán sanciones específicas que oscilan entre los 3 y 12 años de cárcel.
- Seguridad Vial y Animal: Las picadas callejeras verán sus penas elevadas a un máximo de 6 años. Por su parte, el maltrato animal dejará de estar regido por una ley especial para integrarse al Código Penal con penas de hasta 3 años.
Protección a menores y control migratorio La reforma endurece drásticamente el castigo para delitos contra la integridad sexual de menores. El grooming y el abuso sexual infantil agravado tendrán escalas que llegan a los 15 años de prisión. Además, se endurece la persecución sobre la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil.
En el plano migratorio, el texto establece penas de 1 a 20 años para el ingreso ilegal, el tráfico de personas y el soborno a funcionarios. También se prevén castigos severos para extranjeros que, tras ser deportados, intenten reingresar al territorio nacional.
El giro «Pro-Víctima» Uno de los pilares de la gestión de Mahiques es la incorporación del criterio de interpretación «pro-víctima». Esto obliga a los magistrados a priorizar el bienestar y los derechos de los damnificados en sus fallos. Además, se establece el consentimiento obligatorio de la víctima para que un juez pueda otorgar beneficios como la suspensión del juicio a prueba (probation).
Desde el Ministerio de Justicia enfatizaron que, pese a las versiones circulantes, la reforma no descuida los delitos de corrupción, asegurando que la transparencia y el endurecimiento de sanciones para funcionarios públicos siguen siendo ejes centrales del plan oficial.
