Este viernes, el oficialismo se prepara para darle la sanción definitiva a la reforma laboral después de dos meses de negociaciones sectoriales con los aliados radicales, los gobernadores peronistas, las cámaras empresarias y la CGT. Se espera que el Senado ratifique la versión de Diputados, en la que el Gobierno aceptó quitar el artículo de las licencias médicas a cambio de hacerse de una mayoría inapelable. Afuera, en la plaza del Congreso, los sindicatos más combativos volverán a llevar a cabo una protesta en contra de la ley, pero lo harán sin la CGT.
El Gobierno ya tiene preparado el comunicado: cuando el Senado vote aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
El camino se terminó de allanar la semana pasada, luego de que La Libertad Avanza aceptase quitar el artículo 44 –que reducía a la mitad los sueldos en casos de accidentes o enfermedades por fuera del ámbito laboral– a cambio de blindar el corazón del proyecto. Es decir, la creación del Fondo de Asistencia Laboral.
Resuelto el último escollo, el resto fue cuestión de reordenar los tiempos legislativos para poder tener la sanción definitiva antes del discurso del Presidente frente a la Asamblea Legislativa el domingo 1 de marzo. Martín Menem envió rápido el proyecto aprobado con los cambios al Senado, Patricia Bullrich lo dictaminó menos de dos horas después y, pasada la semana reglamentaria que exige el Senado para tratar un proyecto desde su dictamen, el oficialismo lo llevó nuevamente al recinto de la Cámara alta.
Será una votación simple en la que los senadores deberán definir si aceptan o no los cambios introducidos en Diputados. Bullrich ni transpirará para conseguir el quórum: después de haber roto al peronismo, la jefa del oficialismo tiene espalda para jugar con una mayoría de 47 aliados. Le sobran los votos.
Los sindicatos agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos, como la CTA, ATE, Aceiteros y la Unión Obrera Metalúrgica, marcharán hasta el Congreso. La CGT, en cambio, no se movilizará ni llevará a cabo un paro general. Resignada ante el hecho de que la ley –que elimina las horas extra, fracciona las vacaciones, borra la ultraactividad de los convenios colectivos y limita las huelgas– está virtualmente sancionada, su plan es apostar a la judicialización.
