El Departamento General de Irrigación dio un paso clave en la regulación del servicio de agua potable al aprobar un nuevo reglamento que amplía derechos, mejora los mecanismos de reclamo y busca garantizar una mayor transparencia en la prestación del servicio para miles de usuarios mendocinos.
El Departamento General de Irrigación aprobó un nuevo Reglamento del Usuario de Agua Potable y Saneamiento, una normativa que busca fortalecer la protección de los consumidores y modernizar la relación entre los prestadores del servicio y los usuarios en toda la provincia de Mendoza.
La medida se enmarca en el proceso de reorganización del sistema de control del agua potable que comenzó tras la disolución del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Desde 2025, esas funciones fueron asumidas por la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS), dependiente de Irrigación, organismo que ahora concentra las tareas de regulación, fiscalización y defensa de los usuarios.
Según informaron desde el organismo, el nuevo reglamento incorpora herramientas destinadas a garantizar una mayor transparencia en la facturación, agilizar los procedimientos de reclamo y asegurar que los usuarios accedan a información clara sobre la prestación del servicio. Además, establece mecanismos que fortalecen el control ciudadano y refuerzan la obligación de los operadores de brindar respuestas ante inconvenientes o deficiencias en el suministro.
Entre los principales derechos protegidos se encuentran el acceso a información sobre tarifas y modificaciones en los cuadros tarifarios, la posibilidad de solicitar rectificaciones cuando existan errores en la facturación y el derecho a presentar denuncias ante el organismo regulador cuando se considere que una empresa o prestador vulnera las condiciones establecidas por la normativa vigente.
La actualización normativa también acompaña el proceso de digitalización impulsado por Irrigación, que durante el último año incorporó sistemas electrónicos para la gestión de reclamos, expedientes digitales y plataformas que permiten un seguimiento más eficiente de cada caso presentado por los usuarios. De acuerdo con datos oficiales, estas herramientas permitieron resolver cientos de reclamos y generar refacturaciones que beneficiaron económicamente a los consumidores mendocinos.
Desde Irrigación señalaron que el objetivo es consolidar un marco regulatorio moderno que garantice servicios de calidad, promueva el uso responsable del recurso hídrico y coloque a los usuarios en el centro del sistema de control y fiscalización.
Con esta medida, Mendoza avanza en una nueva etapa de regulación del agua potable, apostando por una mayor transparencia, mejores mecanismos de control y una protección más efectiva de los derechos de quienes utilizan diariamente uno de los servicios esenciales para la vida.
