La iniciativa obtuvo despacho favorable en comisión y continúa su tratamiento en la Legislatura. Entre los cambios, fija plazos para las restricciones, prevé revisiones obligatorias y habilita investigar denuncias comprobadas como falsas.
La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza dio despacho favorable por mayoría a un proyecto que propone modificar la Ley Provincial 9.120, que regula el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar. La iniciativa incorpora cambios en las medidas de protección que involucran a niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de establecer criterios más precisos para su aplicación, duración y revisión.
Uno de los puntos centrales del proyecto, impulsado por la diputada Cecilia Soler Gómez (La Libertad Avanza), establece que las prohibiciones de acercamiento y las exclusiones del hogar tendrán un plazo máximo de 90 días corridos. Si fuera necesario extenderlas, la prórroga deberá estar respaldada por una resolución judicial fundada, informes técnicos actualizados y elementos objetivos que justifiquen su continuidad, evitando renovaciones automáticas.
La propuesta también incorpora un mecanismo para los casos en que se compruebe total o parcialmente la falsedad de una denuncia. En esas situaciones, el juez podrá remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que evalúe la posible comisión del delito previsto en el artículo 245 del Código Penal. El texto aclara que esta disposición no alcanzará a quienes hayan denunciado de buena fe, por lo que una denuncia que no pueda probarse no será considerada automáticamente falsa.
Además, el proyecto dispone que las resoluciones judiciales deberán fundamentar la existencia de verosimilitud del derecho y peligro en la demora para cada menor involucrado. También otorga a la persona alcanzada por una medida de restricción un plazo de 10 días hábiles para solicitar su modificación, levantamiento o cese. En paralelo, si durante el proceso surgen indicios de un posible delito contra un menor, el juez deberá remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que se inicie una investigación penal. La iniciativa continuará ahora su tratamiento en la Legislatura provincial.
