Un mensaje intimidatorio en redes sociales puso en alerta a la comunidad educativa del establecimiento. Las autoridades activaron el protocolo de seguridad y se dispuso la presencia de uniformados en la puerta del colegio.
El departamento de Las Heras vive una jornada de extrema preocupación este miércoles 15 de abril de 2026. La escuela 4-143 El Algarrobal, se convirtió en el centro de atención tras la viralización de una amenaza de tiroteo, lo que obligó a una intervención inmediata del Ministerio de Seguridad y de la Dirección General de Escuelas (DGE) para resguardar a alumnos y docentes.
El origen de la amenaza digital
La alarma se encendió cuando comenzó a circular un mensaje en redes sociales y grupos de mensajería donde se advertía sobre un posible ataque armado dentro de la institución. El tono del escrito, cargado de violencia, provocó que muchos padres decidieran no enviar a sus hijos a clases y que otros retiraran a los estudiantes de manera anticipada.
Operativo de seguridad y prevención
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno de Mendoza dispuso las siguientes medidas de emergencia:
- Custodia policial permanente Se asignaron patrulleros y personal de infantería en los ingresos al colegio para controlar el acceso de personas.
- Revisión de pertenencias En coordinación con los directivos, se realizaron controles preventivos para asegurar que ningún elemento peligroso ingresara al edificio.
- Investigación tecnológica Personal de Delitos Tecnológicos trabaja para rastrear la dirección IP desde donde se emitió el mensaje original.
El impacto emocional en la comunidad educativa
Aunque las autoridades intentaron llevar calma asegurando que podría tratarse de una falsa alarma o una «broma» de mal gusto, el clima de nerviosismo en este abril de 2026 es evidente. Docentes y directivos mantuvieron reuniones de urgencia para abordar el protocolo de crisis y brindar contención a los adolescentes que se encontraban atemorizados por la situación.
Acciones legales y consecuencias
Desde la DGE recordaron que este tipo de amenazas, aunque resulten ser falsas, constituyen un delito de intimidación pública. Los autores, en caso de ser identificados (o sus padres si son menores), podrían enfrentar graves consecuencias judiciales y sanciones administrativas escolares que incluyen la expulsión y la obligación de reparar los costos del operativo policial desplegado.
La investigación sigue abierta mientras se intenta determinar si existe un conflicto previo entre alumnos que haya desencadenado este mensaje o si se trata de un hecho aislado buscando notoriedad digital.
