El oficialismo busca avanzar con una reforma que otorga mayores facultades administrativas y financieras a las comunas. Con el respaldo de sectores aliados, el Ejecutivo provincial se asegura los votos necesarios para aprobar una ley que promete transformar la gestión local y la descentralización de recursos en los departamentos.
El gobernador Alfredo Cornejo ha logrado consolidar una mayoría estratégica en la Legislatura provincial para avanzar con su proyecto de autonomía municipal, una reforma política que este martes 12 de mayo de 2026 se posiciona como el eje central de la agenda institucional de Mendoza. Tras intensas negociaciones con sectores internos y fuerzas aliadas, el Ejecutivo cuenta con los votos necesarios para sancionar su versión de la autonomía, la cual busca dotar a los intendentes de mayores herramientas para gestionar sus propios recursos y servicios sin depender directamente de la administración central. Esta medida es vista como un paso fundamental para modernizar el Estado provincial, permitiendo que cada departamento adapte sus normativas y estructuras administrativas a sus realidades territoriales específicas.
Descentralización y nuevas facultades para los intendentes
El corazón de la propuesta oficialista radica en la capacidad de los municipios para dictar sus propias cartas orgánicas y gestionar su presupuesto con un mayor grado de independencia. Según el proyecto impulsado por Cornejo, la autonomía no solo implica una libertad administrativa, sino también una mayor responsabilidad en la prestación de servicios básicos y en la generación de recursos propios. Para el Valle de Uco, esta reforma podría significar una oportunidad para que comunas como Tunuyán, San Carlos y Tupungato tengan una voz más fuerte en el manejo de partidas presupuestarias destinadas a infraestructura y desarrollo local, agilizando procesos que hoy quedan atrapados en la burocracia provincial.
El debate legislativo y la postura de la oposición
A pesar de contar con los números para la aprobación, el proyecto ha generado debates respecto a la distribución de la coparticipación y el alcance real de las nuevas facultades locales. Mientras el oficialismo defiende la medida como un avance democrático, algunos sectores de la oposición advierten sobre posibles asimetrías entre departamentos con distintas capacidades recaudatorias. No obstante, la estrategia de Cornejo de reasegurar los votos de los bloques mayoritarios parece haber blindado la iniciativa de cara a su tratamiento en el recinto. Se espera que la sanción de esta ley marque un hito en el segundo mandato del gobernador, redefiniendo la relación política entre la Casa de Gobierno y los 18 municipios de Mendoza durante el resto de la década.
