Hasta 3.000 fincas de Mendoza están en riesgo de abandono por la crisis del sector

La falta de rentabilidad y el aumento de los costos de producción ponen en jaque la continuidad de miles de viñedos en la provincia. Las asociaciones advierten que podrían perderse entre 10.000 y 20.000 hectáreas y reclaman medidas para sostener a los productores.
La vitivinicultura mendocina atraviesa un escenario crítico que amenaza la continuidad de miles de explotaciones agrícolas. Según estimaciones de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), entre 2.000 y 3.000 fincas podrían quedar abandonadas, lo que representaría la pérdida de entre 10.000 y 20.000 hectáreas de viñedos. Las zonas más comprometidas son el sur provincial y, en segundo lugar, el este. Parte de los terrenos que dejan de producir uva se reconvierten en chacras y, en menor medida, se destinan a la actividad ganadera.
Uno de los principales problemas es el desequilibrio entre los ingresos y los gastos de los productores. Actualmente, el kilo de uva común se comercializa entre $220 y $230, mientras que los costos de producción superan los $400. A esto se suma el incremento de los precios de los agroquímicos, el combustible, la energía y la mano de obra, además de las demoras en los pagos por parte de los compradores. La situación obliga a muchos productores a recurrir a ingresos externos para mantener sus fincas, aunque esa alternativa resulta cada vez más difícil de sostener.
Las dificultades económicas también se reflejan en las cuentas de las explotaciones agrícolas. En un viñedo de tres hectáreas, por ejemplo, los costos anuales rondan los $38,4 millones, frente a ingresos estimados en $38,8 millones. Sin embargo, al incorporar los gastos financieros y la amortización de maquinaria e instalaciones, la actividad termina generando pérdidas. Entre los factores que explican la falta de actualización de los precios, el sector señala la intermediación comercial y un consumo de vino que se mantiene en torno a los 15 litros anuales por persona.
Frente a este panorama, los viñateros reclaman la intervención del Gobierno provincial mediante una mesa de negociación entre productores y compradores, con los costos calculados por el INTA como referencia para establecer valores según la variedad y la zona. El sector considera que el kilo de uva debería pagarse entre $400 y $600 para garantizar la rentabilidad de las fincas. Además, advierte sobre las dificultades para llegar a la próxima vendimia y solicita refinanciamiento a largo plazo y con tasas bajas para afrontar el endeudamiento.