Malvinas: el Gobierno endurece su estrategia y avanza con nuevas medidas para defender el reclamo de soberanía
El Gobierno de Javier Milei anunció una serie de medidas destinadas a reforzar la posición argentina en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Las decisiones incluyen sanciones administrativas, denuncias penales contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas, cambios en los requisitos para acceder a determinados beneficios y proyectos de fortalecimiento de la seguridad y la presencia argentina en el Atlántico Sur.
El nuevo paquete de medidas se produce en medio del avance del proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por empresas con participación británica e israelí en las proximidades de las islas. El Gobierno argentino considera que esas actividades se realizan sin autorización de la Argentina y constituyen una afectación de sus derechos soberanos.
Sanciones contra empresas vinculadas al petróleo
Una de las primeras decisiones fue iniciar procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas que, según el Gobierno, estarían vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas y su área marítima.
La medida no se limita a las compañías que participan directamente de los proyectos. También alcanza a accionistas y empresas proveedoras de servicios que, según la investigación oficial, podrían haber colaborado con esas operaciones.
El 8 de septiembre, el Ejecutivo anunció además el inicio de procedimientos contra 15 sujetos adicionales, por lo que el número de personas humanas y jurídicas alcanzadas por estos nuevos procesos administrativos ascendió a 60.
Nuevas denuncias penales
La estrategia también avanzó por la vía judicial.
El Gobierno informó que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que considera involucradas en actividades hidrocarburíferas no autorizadas. Las presentaciones alcanzarán no solamente a las compañías, sino también a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan participado en las decisiones vinculadas con esas actividades.
En uno de los casos anunciados, la denuncia involucra a empresas vinculadas con el proyecto petrolero y también a accionistas como Navitas Petroleum LP y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd..
Cambios en los requisitos para inversiones
Otra de las medidas quedó establecida mediante el Decreto 868/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La norma modifica los procedimientos relacionados con actividades hidrocarburíferas y establece nuevos requisitos para quienes busquen acceder a permisos, concesiones, autorizaciones o determinados beneficios vinculados con inversiones.
Entre otras condiciones, las empresas deberán declarar que cumplen y cumplirán las disposiciones de la Ley 26.659, que establece restricciones para determinadas actividades vinculadas con hidrocarburos en zonas sujetas a la disputa de soberanía.
El decreto también incorpora controles específicos antes de autorizar determinadas operaciones y busca evitar que el Estado otorgue beneficios o permisos a empresas que, según la legislación argentina, desarrollen actividades incompatibles con la posición oficial sobre Malvinas.
Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
El Gobierno también anunció el envío al Congreso de un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La iniciativa contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con el objetivo de coordinar las políticas vinculadas con la defensa del territorio y los intereses estratégicos del país.
Además, plantea un régimen para la protección de infraestructuras críticas y herramientas destinadas a fortalecer la protección aeroespacial y marítima. La propuesta busca articular el trabajo de Defensa, Seguridad Nacional, Inteligencia, Cancillería y Economía.
Una mayor presencia en el Atlántico Sur
Dentro de esta estrategia también aparece el fortalecimiento de la presencia argentina en el extremo sur del país.
El Ejecutivo instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto 2027 priorice el desarrollo de una Base Naval Integrada y otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos argentinos.
El Gobierno sostiene que estas medidas forman parte de una estrategia de largo plazo y que el reclamo por Malvinas debe sostenerse mediante herramientas diplomáticas, jurídicas, económicas y de defensa, sin limitarse únicamente a declaraciones políticas.
Mientras tanto, el Reino Unido mantiene su posición sobre las islas y sostiene el derecho de sus habitantes a la autodeterminación. La disputa continúa siendo uno de los principales asuntos pendientes entre ambos países y volvió a adquirir relevancia internacional por el desarrollo de proyectos petroleros en la zona.
