Un informe nacional ubicó a la provincia al frente del país en cantidad de víctimas de delitos contra la integridad sexual. Tras conocerse los datos, el diputado Gustavo Cairo cuestionó el sistema judicial y aseguró que las estadísticas están influidas por denuncias que luego no se comprueban.
El Informe Anual del Sistema Nacional de Información Criminal correspondiente a 2025 ubicó a Mendoza como la provincia con la mayor tasa de víctimas de delitos contra la integridad sexual del país. Según el relevamiento, se registraron 3.257 casos, equivalentes a 159,1 víctimas cada 100.000 habitantes, cifras que generaron un fuerte debate sobre la interpretación de esos datos y el funcionamiento del sistema judicial.
En ese contexto, el diputado provincial Gustavo Cairo sostuvo que las estadísticas podrían estar distorsionadas por denuncias que posteriormente no logran acreditarse y cuestionó el uso del fuero penal en conflictos familiares. Según afirmó, en algunos casos se presentan denuncias por violencia con el objetivo de obtener medidas cautelares inmediatas, como la exclusión del hogar, trasladando disputas civiles al ámbito penal.
El legislador también criticó el mecanismo de las prisiones preventivas y aseguró que, en determinadas causas, las personas denunciadas quedan privadas de su libertad antes de que exista una investigación exhaustiva de los hechos. En esa línea, afirmó que existen expedientes en los que los acusados recuperaron su libertad tiempo después, tras comprobarse que las imputaciones no prosperaron.
Por último, Cairo puso en duda los informes que indican que las falsas denuncias representan un porcentaje mínimo del total de las causas. Según su interpretación, esa estadística solo contempla los casos que terminan con condenas por calumnias e injurias y deja afuera las denuncias archivadas o las absoluciones, por lo que consideró que el impacto real de las acusaciones infundadas sería mayor y reclamó revisar las sanciones previstas para estos casos.
