Un proyecto impulsado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires propone que los ciudadanos extranjeros que no cuenten con residencia permanente deban abonar por la atención en hospitales públicos y por cursar carreras de grado en universidades estatales.
La iniciativa fue presentada por el diputado de La Libertad Avanza, Agustín Romo, y cuenta con el respaldo de la mayoría del bloque libertario y del legislador del PRO Alejandro Rabinovich.
La propuesta busca establecer un sistema de arancelamiento para extranjeros sin residencia permanente, tanto en el ámbito sanitario como en el educativo. En materia de salud, el proyecto plantea que las prestaciones médicas deberán ser cubiertas mediante un seguro, un tercero responsable o el pago directo por parte del paciente.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
— Agustín Romo (@agustinromm) July 21, 2026
No obstante, la iniciativa aclara que en situaciones de emergencia o riesgo de vida la atención no podrá ser negada ni demorada. En esos casos, el eventual recupero de los costos se realizaría una vez que el paciente haya sido estabilizado. También quedarían exceptuadas del cobro las víctimas de trata de personas, las campañas de vacunación y el tratamiento de enfermedades transmisibles, por considerarse acciones de interés para la salud pública.
Para implementar el sistema de recupero de gastos, el proyecto propone utilizar el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), con el objetivo de evitar la creación de nuevos organismos y destinar los recursos obtenidos al fortalecimiento de los hospitales públicos mediante la compra de medicamentos, equipamiento e insumos.
En el ámbito universitario, la iniciativa establece que las instituciones de gestión estatal deberán fijar un arancel para los estudiantes extranjeros que no acrediten residencia permanente. Cada universidad sería la encargada de determinar los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización.
Además, el texto incorpora un esquema de transparencia que obliga al Ministerio de Salud y a las universidades alcanzadas a publicar anualmente información sobre la cantidad de prestaciones o estudiantes comprendidos, los montos recaudados, las exenciones otorgadas y el destino de los fondos, preservando la identidad de las personas involucradas.
Tras presentar el proyecto, Romo defendió la iniciativa al sostener que los recursos públicos son limitados y deben priorizar las necesidades de los bonaerenses.
