El organismo provincial informó que hay 28 casos bajo revisión por deudas o usos indebidos de inmuebles adjudicados. Una nueva normativa permitirá agilizar los procesos de recuperación y reasignación de esas viviendas.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) confirmó que actualmente existen 28 viviendas sociales bajo análisis por incumplimientos de las condiciones de adjudicación, entre ellos falta de pago de cuotas, alquileres sin autorización o utilización de los inmuebles para fines distintos a los habitacionales. La situación se da en el marco de una reciente reforma legislativa que busca acelerar la recuperación de estas propiedades.
Las modificaciones aprobadas por la Legislatura alcanzan distintas normas provinciales y permitirán que el IPV impulse juicios de desalojo una vez firme la desadjudicación. Además, se incorporará la intervención de los juzgados de Paz Letrada para agilizar los procedimientos. Según explicó el titular del organismo, Gustavo Cantero, los cambios podrían comenzar a aplicarse desde agosto, una vez completado el proceso de reglamentación y publicación oficial.
Desde el IPV remarcaron que la recuperación de una vivienda será siempre la última instancia, ya que previamente se realizan notificaciones y se ofrecen alternativas para regularizar la situación. En ese sentido, Cantero aclaró que las familias que atraviesen dificultades económicas podrán presentar su caso para que sea evaluado antes de adoptar una medida definitiva.
Uno de los incumplimientos más frecuentes detectados es el alquiler de viviendas aún no escrituradas sin autorización del organismo. El objetivo de la nueva normativa es garantizar que las viviendas financiadas con fondos públicos cumplan su función social y lleguen a quienes realmente las necesitan. Una vez recuperados los inmuebles, el IPV trabajará junto a los municipios para reasignarlos a familias registradas con demanda habitacional.
