Desde La Libertad Avanza aseguraron que el proyecto aún está en discusión en el Senado y podría sufrir modificaciones. La iniciativa genera preocupación por el fuerte impacto que tendría en las facturas de gas de cientos de miles de hogares mendocinos.
La posible eliminación de los beneficios de la Ley de Zona Fría sumó un nuevo capítulo en el Congreso nacional luego de que la senadora Patricia Bullrich confirmara que el oficialismo está evaluando los planteos realizados por los representantes mendocinos. La legisladora sostuvo que el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial de análisis y que el Senado buscará consensos antes de avanzar con una definición.
Las dudas surgieron especialmente a partir de la postura de los senadores mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri, quienes habrían expresado reparos sobre el texto aprobado en Diputados. La iniciativa propone reducir significativamente el alcance del régimen de Zona Fría, dejando el beneficio concentrado en regiones como la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe. Ante ese escenario, Bullrich aseguró que el Gobierno está escuchando las objeciones planteadas por distintas provincias para alcanzar una propuesta con mayor respaldo político.
La preocupación en Mendoza no es menor. De aprobarse la norma sin cambios, más de 400.000 usuarios residenciales perderían los descuentos vigentes en sus tarifas de gas, establecidos por la Ley 27.637. Según estimaciones del sector, algunos hogares podrían enfrentar aumentos de hasta el 100% en sus facturas, dependiendo de su categoría tarifaria y de los beneficios complementarios que actualmente reciben.
El debate adquiere especial relevancia en departamentos del Valle de Uco, el Sur provincial y las zonas cordilleranas, donde las bajas temperaturas elevan considerablemente el consumo de gas durante gran parte del año. Mientras el oficialismo ratifica su intención de avanzar hacia un esquema con menos subsidios, la continuidad del proyecto dependerá de los acuerdos que logre construir en el Senado, donde los reclamos de las provincias afectadas comenzaron a ganar peso en la discusión parlamentaria.
