El Gobierno de Mendoza avanzó con cambios en el régimen de control de asistencia para empleados públicos y ajustó la reglamentación vinculada al uso obligatorio de sistemas biométricos en todas las reparticiones estatales. A través de una modificación al Decreto 1944, la Provincia aclaró que el registro digital de ingreso y salida solo sirve para certificar la presencia física del trabajador (y no el cumplimiento efectivo de sus tareas).
La medida busca cerrar vacíos legales en el sistema de presentismo y separar el acto de “fichar” de la productividad real de cada agente. De esta manera, la responsabilidad de verificar si el empleado cumplió con sus funciones seguirá dependiendo de las jefaturas y de los objetivos establecidos en cada dependencia. La Dirección de Recursos Humanos será la encargada de controlar que todas las oficinas públicas cuenten con la tecnología necesaria para aplicar el sistema.
El decreto también introduce cambios en relación a los horarios especiales dentro de la administración pública. La Provincia reconoció que algunas áreas requieren esquemas laborales diferentes a los tradicionales, aunque aclaró que esas excepciones ya no podrán aplicarse automáticamente. Desde ahora, cualquier modificación horaria deberá contar con la autorización expresa del ministro correspondiente para tener validez.
La decisión forma parte del convenio de salud ocupacional firmado entre el Ejecutivo provincial y OSEP, impulsado para combatir el ausentismo injustificado dentro del Estado. Con los nuevos controles biométricos, el Gobierno podrá cruzar datos de asistencia con licencias médicas y auditorías de manera más precisa y rápida.
Además, la normativa establece que todos los trabajadores del Poder Ejecutivo estarán obligados a registrar digitalmente sus ingresos y egresos, dejando atrás las antiguas planillas manuales. El objetivo oficial es fortalecer los mecanismos de control interno y avanzar hacia un sistema de seguimiento más estricto y transparente dentro de la administración pública provincial.
