Una trama de presuntas irregularidades salpica al Ministerio de Cultura. Se detectó que la consultora de un trabajador estatal fue beneficiada con contratos, mientras que los pagos habrían sido facturados por una empleada de Godoy Cruz.
Una nueva polémica administrativa sacude al Gobierno provincial este viernes 10 de abril. Una investigación reveló una compleja red de contrataciones dentro del área de Cultura, donde se cruzan intereses privados, empleados públicos y facturaciones sospechosas que vinculan directamente a la Municipalidad de Godoy Cruz.
El eje del conflicto: Consultora y nepotismo
El corazón de la denuncia radica en la contratación de una consultora externa para la prestación de servicios técnicos y de comunicación. Sin embargo, se descubrió que el titular de dicha consultora es un actual empleado del Ministerio de Cultura, lo que representaría una incompatibilidad de funciones y una violación ética a las normas de contratación pública.
Los puntos clave de la sospecha:
- Contratación «a dedo»: La consultora habría recibido pagos directos por trabajos que el mismo empleado podría realizar dentro de su horario laboral.
- La conexión Godoy Cruz: Lo que más llamó la atención de los auditores es que el trabajo fue facturado a nombre de una empleada municipal de Godoy Cruz, presuntamente para ocultar el vínculo directo con el funcionario de Cultura.
- Triangulación de fondos: Se investiga si esta modalidad se utilizó de forma sistemática para desviar fondos públicos hacia el entorno privado de los involucrados.
Reacciones oficiales y auditoría
Tras conocerse los hechos, desde la Subsecretaría de Cultura informaron que se ha iniciado un sumario administrativo para deslindar responsabilidades. «Si se comprueba que hubo una triangulación para beneficiar a un empleado, seremos implacables con las sanciones», aseguraron fuentes oficiales este viernes.
Por su parte, la oposición ya prepara un pedido de informes en la Legislatura para que los responsables den explicaciones sobre el control de los proveedores del Estado.
¿Falta de controles o complicidad?
Este caso vuelve a poner bajo la lupa la transparencia en las contrataciones directas. La comunidad artística y los trabajadores del sector han manifestado su indignación, señalando que mientras se recortan presupuestos para festivales y museos, se detectan estos manejos irregulares con dinero público.
La justicia administrativa deberá determinar ahora si existió un delito de negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de fondos en esta trama que une a Cultura con el municipio godoycruceño.
